Piden garantizar seguridad de la familia presidencial

Luego que el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, reveló que su seguridad y la de su familia corren peligro debido a que su Gobierno asumió varias decisiones que terminaron afectando directamente a la actividad del narcotráfico y el crimen organizado, legisladores de distintas fuerzas políticas demandaron garantizar la seguridad de la primera autoridad del país y su entorno, además de continuar combatiendo la delincuencia.
En criterio del diputado oficialista Ruddy Pantaleón, genera preocupación lo expresado por el primer Mandatario, más si se toma en cuenta la peligrosa penetración del narcotráfico y el crimen organizado en distintas instancias del poder político y la sociedad civil de los últimos años.
Según el legislador representante del departamento de Tarija, era de esperarse algún tipo de reacción por parte de aquellos grupos delincuenciales que, en los últimos meses, han visto seriamente afectadas sus operaciones, así como varios de sus principales cabecillas han sido aprehendidos y puestos a disposición de la justicia en territorio nacional y en el exterior.
“Sabíamos que iba a haber un costo en las amenazas que iba a sufrir no solo el Gobierno, sino otras autoridades que actualmente deben ser blanco de amenazas y amedrentamiento por parte de estos grupos delincuenciales que, en los últimos meses, han estado generando zozobra y miedo en la población”, dijo.
En esa línea, Pantaleón afirmó que corresponde al Ministerio de Gobierno y al Ministerio Público hacer un seguimiento detallado a las denuncias expresadas por el presidente Paz, con la finalidad de garantizar seguridad para el Gobierno y para todas las autoridades que actualmente están luchando contra peligrosos grupos vinculados a la actividad ilícita del narcotráfico.
“No puede ser que unos cuantos estén por sobre la voluntad de todos los bolivianos que quieren vivir bien”, añadió.
Al respecto, el diputado por APB-Súmate, Freddy Camacho Calizaya, sostuvo que toda posibilidad de un atentado contra la integridad del presidente debe ser materia de investigación para determinar la veracidad de dicha posibilidad, más cuando se esta en un tiempo en que circulan a través de redes sociales y medios de comunicación, una cantidad llamativa de opiniones, audios, intrigas y guerra psicológica que confunde y trata de direccionar a la opinión pública.
“Si el presidente tiene evidencias de las amenazas, debe presentarlas, de igual forma el Ministerio Público debe actuar de oficio cuando se trata de la seguridad de la primera autoridad del Estado boliviano”, explicó.
El lunes, durante el acto de promulgación de la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, realizado en instalaciones de Palacio Quemado, el presidente Rodrigo Paz advirtió que su seguridad personal y la de su familia están en riesgo, a consecuencia de la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
La autoridad también recordó que un reciente informe de Naciones Unidas confirmó la presencia en territorio nacional de organizaciones criminales internacionales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), grupos que, según investigaciones de inteligencia internacional, actuaban como principales aliados y protectores de esta red.
“Mi familia tiene el riesgo por haber tomado decisiones contra los Marset, contra los criminales de alta alcurnia, pero también ustedes (están en riesgo)”, expresó el mandatario.
El 13 de marzo pasado, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la Policía Boliviana en el operativo de captura de Sebastián Marset, posteriormente la DEA se hizo cargo de trasladar al narcotraficante uruguayo hacia territorio estadounidense, donde actualmente enfrenta cargos federales por tráfico de drogas y lavado de dinero, en la Corte del Distrito Este de Virginia.
“Cuando el juez se encuentra indefenso, ni siquiera tienen que venir a chantajearle nada o venir a ofrecerle algo, solo con la amenaza. Ya tienen el temor y es verdad, eso ocurre en Bolivia. Nuestros jueces en frontera, cuando están solos y aislados y claro, están con dos, tres policías, de nuestra Policía Boliviana, imagínense ante esas mafias que utilizan armas de grueso calibre”, indicó Paz Pereira.
Otro caso es el del exfiscal general Roger Mariaca, quien fue detenido la noche del 30 de septiembre y actualmente se encuentra bajo detención preventiva luego de ser acusado de liderar una organización criminal dedicada a proteger al narcotráfico.
Tras su destitución de su cargo, a principios de octubre, enfrenta cargos por presunta legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal y tráfico ilícito de sustancias controladas.
De acuerdo con las investigaciones realizadas, Mariaca utilizaba una estructura dentro del Ministerio Público para brindar cobertura y protección a redes delictivas, incluyendo nexos con la organización de Marset.
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Marcelo Yamil García, informó ayer que las recientes amenazas registradas contra altas autoridades del Estado, incluyendo al jefe de Estado, son una reacción violenta de estructuras que históricamente abusaron del poder y que hoy intentan frenar las acciones gubernamentales contra la corrupción.
En conferencia de prensa, la autoridad gubernamental confirmó que ya se formalizaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público para que se abra la investigación penal respectiva.
En torno a la seguridad de la primera autoridad del país y de sus colaboradores, se aclaró que el amedrentamiento no se limita a un solo ámbito, sino que se han manifestado mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería directa.
“Nosotros no podemos tolerar que el crimen organizado utilice mecanismos de amenazas para evitar que continuemos luchando contra la corrupción”, enfatizó.
Asimismo, detalló que estas acciones no solo atentan contra la integridad física de las autoridades del Ejecutivo, sino que constituyen amenazas con contenido jurídico penal público, que ponen en riesgo la propia seguridad del Estado, razón por la cual se coordina estrechamente con la Fiscalía para identificar a los responsables.