El Viceministerio de Transparencia informó ayer que presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra siete exautoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un daño económico superior a Bs 17 millones, relacionado a la construcción y equipamiento de una vivienda para ejecutivos de la estatal petrolera en Santa Cruz.
El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Yamil García, informó en conferencia de prensa que el inmueble fue habilitado entre 2014 y 2015, durante el gobierno de Evo Morales, y cuestionó la magnitud de los recursos destinados a su acondicionamiento, así como la falta de una justificación técnica, económica y social para el proyecto.
Según el desglose presentado por la autoridad, la construcción demandó aproximadamente Bs 2,5 millones, mientras que el mantenimiento superó los Bs 120.000 y las compras de equipamiento excedieron los Bs 14 millones. Los gastos observados incluyen mobiliario, dispositivos electrónicos, sistemas de seguridad, artículos de cocina y elementos de ambientación.
Entre los bienes adquiridos se identificaron televisores de alta gama, equipos de sonido en los dormitorios, cuadros de autor y muebles de diseño. También se observaron cuatro parlantes instalados en los jardines, cuyo costo individual superaba los 500 dólares, según los datos expuestos por la autoridad.
García cuestionó la pertinencia de estas adquisiciones frente a las necesidades de otras instituciones públicas y puso en duda que el nivel de equipamiento correspondiera a los fines de una entidad estatal.
“En vez de ser una infraestructura que esté al servicio de la sociedad, hemos observado que muchos de estos gastos, más que corresponder a una institución pública, parecieran ser de un hotel de lujo”, manifestó el viceministro.
La vivienda era utilizada por ejecutivos de YPFB durante sus viajes a Santa Cruz y para la realización de reuniones. Sin embargo, según la autoridad, el proyecto recibió recursos millonarios sin contar con un estudio de preinversión que respaldara su ejecución.
La denuncia identifica a siete exfuncionarios, entre ellos quien ejercía la presidencia ejecutiva interina de la petrolera, el gerente nacional de Administración y Finanzas, el responsable de la Unidad de Infraestructura y cuatro integrantes del directorio que autorizaron el uso de los recursos.
Las acusaciones fueron presentadas por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. García señaló que corresponde al Ministerio Público impulsar las actuaciones investigativas y convocar a los denunciados para que presten declaración.
“Todo recurso público debe contar con una justificación económica, técnica y social, de manera que constituya una inversión y no un gasto suntuoso”, sostuvo la autoridad al defender la necesidad de esclarecer el destino de los fondos utilizados en el inmueble.