Familiares de víctimas de feminicidio en Cochabamba cuestionan que el reglamento de la Ley 1680 limite el acceso a sus beneficios a los casos registrados desde el 5 de marzo de 2026, por lo que advierten que esta disposición dejaría sin cobertura a menores que perdieron a sus madres en años anteriores y solicitan al Gobierno modificarla para garantizar una atención sin exclusiones.
Familiares de víctimas de feminicidio en Cochabamba exigen al Gobierno modificar el reglamento de la Ley 1680, al denunciar que la restricción de sus beneficios a casos ocurridos desde el 5 de marzo de 2026 deja fuera a menores que perdieron a sus madres en años anteriores.
La disposición generó preocupación entre las familias, que durante más de tres años impulsaron la aprobación de esta norma para garantizar asistencia económica, atención psicológica y medidas de reparación a niñas, niños y adolescentes afectados por estos crímenes. Según estimaciones expuestas durante el debate legislativo, desde 2013 se registraron alrededor de 1.600 huérfanos por feminicidio en el país, aunque algunos ya habrían alcanzado la mayoría de edad.
Uno de los casos es el de Froila Ramírez Mamani, de 69 años, quien desde hace nueve años cuida a sus dos nietos, de 11 y 13 años. La mujer, que actualmente recibe tratamiento de diálisis, explicó que sus limitados recursos económicos dificultan la manutención de ambos menores y pidió al presidente Rodrigo Paz que revise la reglamentación para que su familia pueda acceder a los beneficios.
Anabel Fernández, quien mantiene a sus tres nietos de 11, 9 y 6 años tras la muerte de su hija, también rechazó la disposición. La mujer trabaja como ayudante de cocina para cubrir las necesidades de los menores y cuestionó que el Estado establezca diferencias entre quienes quedaron en orfandad por circunstancias similares.
“¿Acaso ahora habrá huérfanos de feminicidio de primera y huérfanos de segunda?”, cuestionó Fernández, al expresar su rechazo a una reglamentación que, según denunció, deja desprotegidos a menores que ya han sufrido la pérdida de sus madres.
Por su parte, Camila Condori asumió el cuidado de sus tres hermanos menores después de que su madre fuera asesinada por su expareja en 2023. La joven señaló que la Ley 1680 representaba una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de su familia y pidió que los beneficios no se limiten a los casos registrados a partir de la fecha establecida en el reglamento. También recordó que durante el tratamiento legislativo se planteó financiar las medidas de asistencia con recursos provenientes de impuestos a la venta de bebidas alcohólicas.
La Ley 1680 fue promulgada el 5 de noviembre de 2025, después de más de tres años de movilizaciones y gestiones de familiares de víctimas. La norma establece medidas de protección integral, atención y reparación para los hijos que quedan en orfandad por feminicidios y otros delitos contra la vida cometidos en contextos de violencia. (Con información de agencias)