Los resultados de las pruebas PISA han vuelto a sacudir el avispero, pues diversos países de América Latina han retrocedido posiciones respecto a mediciones anteriores, y ese descenso ha reactivado un debate cargado de indignación y de simplificaciones interesadas. En Argentina, el informe correspondiente a 2025 mostró caídas en matemática, lectura y ciencias, marcando los registros más bajos en dos décadas, mientras que otras naciones sudamericanas también perdieron terreno frente a mediciones previas.
El fenómeno, por cierto, no es aislado ni privativo de Sudamérica, al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha documentado un declive generalizado del desempeño promedio en gran parte de sus países miembros durante los últimos diez años (Infobae, 2026). Frente a este panorama adverso, se ha instalado con demasiada comodidad una narrativa exculpatoria: la culpa recaería sobre la irrupción de la inteligencia artificial (IA).
Atribuir la crisis educativa a las herramientas tecnológicas es una explicación sugestiva porque exime de responsabilidad a los sistemas estatales, a las políticas públicas y a la propia gestión docente. No obstante, conviene mirar la cronología antes de señalar un único culpable. Varios estudios técnicos advierten que el deterioro de los aprendizajes básicos ya era visible antes de la pandemia de covid-19 y, por ende, mucho antes de que la IA generativa se masificara en las aulas (Romero, 2026).
Esto no significa negar que la IA produzca efectos sobre los procesos cognitivos, a saber, un estudio reciente realizado con miles de estudiantes de secundaria ilustra la paradoja: el uso de la IA generativa eleva mecánicamente las calificaciones de las tareas y reduce el tiempo de resolución, pero meses después el rendimiento en exámenes tradicionales experimenta desplomes severos al no haberse consolidado un aprendizaje genuino (El Debate, 2026).
El propio informe PISA señala que los estudiantes que recurren a los chatbots para resolver tareas obtienen en promedio puntuaciones más bajas en ciencias, aunque los datos también demuestran que el resultado final depende del uso pedagógico que se le otorgue a la herramienta (Ara.cat, 2026). De hecho, naciones con altos índices de adopción tecnológica, como Singapur, figuran entre las mejores del mundo, evidenciando que la tecnología en sí misma no determina el fracaso (Romero, 2026).
La conclusión pedagógica correcta no debería ser la prohibición ni la satanización de la IA, sino aprender a utilizarla, pues el verdadero reto institucional consiste en transformar un instrumento diseñado para arrojar respuestas automáticas en un recurso que exija competencias de orden superior: que el estudiante audite lo que la máquina produce, detecte sus sesgos y refute sus argumentos, en lugar de limitarse a copiar el resultado.
Para lograr este propósito en las aulas, la evidencia académica respalda la implementación de metodologías concretas, entre las cuales destaca la defensa oral del trabajo realizado (Vidales Ripoll, 2026). Cuando un alumno debe sustentar de viva voz lo que entregó por escrito (explicando su proceso lógico, justificando sus decisiones y respondiendo interrogantes imprevistas), un texto elaborado por una IA deja de ser suficiente, obligando a rescatar la comprensión detrás de la evaluación.
Ahora bien, ninguna de estas discusiones puede instalarse con seriedad mientras el país continúe marginado de los sistemas internacionales de evaluación; Bolivia participó marginalmente en pruebas piloto de PISA hace años y después se retiró de manera definitiva. Una decisión que las autoridades gubernamentales han justificado invocando la soberanía educativa y los postulados de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez.
El argumento es respetable como postura ideológica, pero acarrea un costo académico: somos el único país de la región que carece de parámetros comparables e internacionalmente validados para conocer el estado de su calidad educativa frente al mundo. Sostener que medir equivale automáticamente a privatizar condena al sistema nacional a navegar a ciegas, privando a los educadores de insumos técnicos indispensables para corregir el rumbo.
No se puede continuar eludiendo la evaluación bajo coartadas. De hecho, si la región debate con datos duros cómo enfrentar el retroceso del aprendizaje y el impacto de las tecnologías, deberíamos formar parte activa de esa discusión con estadísticas propias, en lugar de observar desde los márgenes cómo otros países diagnostican y reforman sus políticas públicas.
Culpar a la IA representa un atajo discursivo para encubrir deficiencias estructurales acumuladas durante décadas. Por ello, construir un sistema de evaluación transparente, riguroso y basado en evidencia (que integre el pensamiento crítico, la ética digital y la defensa oral del conocimiento) constituye un desafío, pero insustituible para rescatar la educación.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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