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Entrevista de EL DIARIO con el embajador Fernando García Casas

“La vida que nos une”: 40 años de cooperación española en Bolivia

> Tras cuatro décadas de ayuda, los resultados que destaca España van más allá del volumen de los recursos: incluyen acceso a servicios básicos, formación de operadores judiciales, capacitación técnica, conservación del patrimonio y protección del entorno natural.

Más de 1.500 millones de dólares no reembolsables destinó España a Bolivia durante cuatro décadas de cooperación, con programas que abarcan salud, justicia, educación, agua y saneamiento, seguridad alimentaria, patrimonio cultural, medioambiente, igualdad de género y derechos de los pueblos indígenas.
El trabajo bilateral, que cumplió 40 años en septiembre bajo el lema “La vida que nos une”, tendrá continuidad: España prevé mantener al menos el nivel de recursos de los últimos cuatro años, mientras ambos gobiernos preparan un nuevo marco de colaboración para 2027-2030.
El embajador de España en Bolivia, Fernando García Casas, en entrevista exclusiva con EL DIARIO, explicó que los programas responden a solicitudes del Estado boliviano y se desarrollan en ámbitos en los que su país puede aportar experiencia. La cooperación comprende tanto a la Agencia Española de Cooperación como a comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales dedicadas al desarrollo.
“40 años dan para muchas historias, personales y de ámbitos profesionales donde se ha trabajado que ésta es una cooperación de igual a igual entre Estados, donde se actúa a pedido del gobierno boliviano”, señaló el diplomático al explicar la relación que ha sostenido este trabajo.
Los recursos, precisó, son donaciones que no deben ser devueltas. “Todo eso comprende la solidaridad española y fueron más de 1.500 millones de dólares, no reembolsables como donación que hemos dado a Bolivia en estos 40 años”, afirmó, después de mencionar la participación de Asturias, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Castilla y León y diversos municipios y organizaciones sociales españolas.
Uno de los resultados más amplios se encuentra en agua potable y saneamiento. Cerca de un millón de bolivianos accedieron al suministro de agua corriente mediante intervenciones en comunidades rurales, territorios indígenas, áreas urbanas y periurbanas y ciudades intermedias, de acuerdo con los datos del embajador. El alcance territorial evidencia la atención a poblaciones con diferentes necesidades de servicios básicos.
En salud, la cooperación incluye atención materno infantil, nutrición y salud sexual y reproductiva, con una perspectiva intercultural que respeta la medicina tradicional.
La justicia es otro campo de intervención: más de 7.000 operadores fueron capacitados y continúa la formación dirigida a la Escuela de Jueces y la Escuela de Fiscales. El fortalecimiento de estas instituciones busca mejorar las capacidades de quienes administran justicia.
El embajador ilustró el propósito de la cooperación con ejemplos concretos: una persona que finalmente dispone de agua, un joven que aprende un oficio y un juez que pueda ejercer adecuadamente su función, sin corrupción y con respeto a la ley. A su juicio, la meta es que los conocimientos y las políticas públicas perduren en las instituciones y en la sociedad boliviana, más allá de cada proyecto.
La educación comprende formación de docentes de secundaria y enseñanza técnica asociada a la recuperación del patrimonio histórico. Las escuelas taller operan en Potosí, Sucre, Moxos, la Chiquitanía y La Paz, y se prevé incorporar a Uyuni. Sus actividades vinculan la restauración de edificios patrimoniales con la capacitación de jóvenes en carpintería, cantería, conservación de inmuebles, turismo y gastronomía. García Casas cifró en más de 2.600 los profesionales formados en este ámbito.
La recuperación de edificaciones históricas, además de conservar bienes culturales bolivianos, permite aprender oficios que pueden convertirse en una oportunidad de trabajo. Ese enfoque combina formación práctica y cuidado del patrimonio, dos objetivos que el diplomático situó entre los resultados de la colaboración española.
La protección de la biodiversidad también forma parte de la agenda. Incluye conservación de bosques, recuperación de bofedales del altiplano, restauración de cobertura vegetal y acciones de prevención y lucha contra incendios forestales. El embajador mencionó trabajos desarrollados con la Fundación Pau Costa y sostuvo que algunas zonas donde se intervino no se incendiaron durante los graves incendios de 2024. Presentó esa experiencia como un ejemplo de la utilidad de la prevención.
En igualdad de género, la cooperación promueve la participación política de las mujeres en asambleas departamentales y gobiernos municipales, así como acciones frente al machismo. Además, vinculó esta prioridad con la violencia feminicida y con el sentido humano del lema conmemorativo.
“En la actualidad hay más de 56 feminicidios y si hablamos de la vida que nos une, hay que luchar contra la lacra del feminicidio”, expresó, al citar la cifra disponible para él en el momento de la entrevista.
A estas áreas se suman seguridad alimentaria, comunicación y derechos de los pueblos indígenas. García Casas recalcó que la cooperación no busca sustituir a las instituciones bolivianas, sino fortalecer su capacidad para impulsar políticas públicas y responder a las necesidades de la población. En ese trabajo, España colabora asimismo con la Unión Europea y el sistema de Naciones Unidas.
“Tenemos y hacemos una cooperación que quiere acompañar al desarrollo de la sociedad boliviana. Trabajamos junto con la Unión Europea, con el sistema de la ONU, porque en esto hay que navegar juntos para llegar más lejos y mejor”, manifestó.
La estructura de la cooperación española dispone de tres unidades en el país. Dos funcionan en La Paz: la oficina que gestiona programas, dirigida por un coordinador general bajo la supervisión del embajador, y el Centro Cultural de España, con actividades dirigidas a los nueve departamentos. La tercera es el Centro de Formación de la Cooperación Española, situado en Santa Cruz de la Sierra.
Por el centro de Santa Cruz pasaron más de 90.000 funcionarios y participantes de Bolivia y de países del ámbito del Mercosur, dijo el embajador. Allí se desarrollan cursos y encuentros de perfeccionamiento e intercambio de conocimientos. Como ejemplo, recordó una sesión inaugurada junto con el canciller boliviano sobre los 32 países en desarrollo sin litoral, grupo que Bolivia preside este año, con asuntos vinculados al régimen internacional de los fondos marinos y al aprovechamiento de minerales.
La formación, indicó, permite compartir experiencias y crear capacidades técnicas entre servidores públicos de distintos países. Esa dimensión regional complementa los programas que se ejecutan directamente en comunidades e instituciones bolivianas. El embajador dijo que la continuidad de los programas dependerá del diálogo con las autoridades bolivianas y de las prioridades acordadas para cada sector.
La planificación bilateral se organiza mediante el Marco de Asociación País, negociado con el Gobierno boliviano para periodos de cuatro años. Al cierre del actual ciclo, ambos Estados deberán acordar las prioridades del periodo 2027-2030. El diplomático anunció que una empresa española realiza una auditoría destinada a identificar los aciertos y las deficiencias de la etapa que concluye, antes de definir las siguientes acciones.
Durante los últimos cuatro años, los programas sumaron 200 millones de euros, según García Casas. Sobre la continuidad presupuestaria, fue categórico.
“En estos últimos cuatro años hubo 200 millones de euros, no van a haber menos recursos afortunadamente”. Esta previsión todavía deberá traducirse en el nuevo marco que negocien las autoridades de ambos países.
El diplomático informó también que las actuales autoridades de Bolivia solicitaron mantener la cooperación y la relación de asociación. «El actual gobierno pidió la continuidad de la cooperación, que sigamos siendo socios y aliados y estamos en contacto con la Cancillería y otras instancias gubernamentales», señaló.
Esa decisión adquiere especial importancia ante la reducción de la asistencia al desarrollo por parte de algunos países occidentales. España, aseguró, no prevé retirarse de ese esfuerzo, en parte por el respaldo que recibe entre sus ciudadanos.
«Hay algunos países occidentales grandes que se están retirando de la cooperación internacional; pero España no, porque la sociedad española es solidaria, de migrantes y emigrantes y esta labor de cooperación al desarrollo es apoyada por la ciudadanía española», sostuvo.
La cooperación es solo una de las dimensiones de la relación entre Bolivia y España. García Casas comparó el trabajo de una embajada con cinco dedos de una mano: política, economía, cooperación, cultura y atención a la ciudadanía.
En ese marco, mencionó la próxima Cumbre Iberoamericana, a la que, según indicó, asistirá el presidente Rodrigo Paz el 5 de noviembre, como un escenario para reforzar la relación política y la idea de asociación estratégica.
Los vínculos migratorios tienen también un peso considerable. El embajador precisó unos 22.000 españoles en Bolivia y más de 200.000 bolivianos en España, una comunidad a la que describió como emprendedora, integrada y capaz de contribuir al desarrollo de ambos países. Indicó que, entre enero y junio de este año, el 42,5% de las remesas recibidas en Bolivia procedió de los bolivianos residentes en territorio español.
A ello se añaden las conexiones aéreas directas con Europa a través de España, que facilitan los contactos entre las dos sociedades. En materia consular, informó que los dos consulados españoles superan en conjunto los 30.000 visados anuales y que procuran actuar con flexibilidad dentro de lo permitido por la legislación.
Tras cuatro décadas, los resultados que destaca España van más allá del volumen de los recursos: incluyen acceso a servicios básicos, formación de operadores judiciales, capacitación técnica, conservación del patrimonio y protección del entorno natural.
Con el lema «La vida que nos une» como síntesis de esa trayectoria, el nuevo acuerdo 2027-2030 deberá establecer cómo continuar el trabajo solicitado por Bolivia y sostener sus beneficios para la población.

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