Seis decretos supremos establecen nuevas disposiciones sobre la protección de menores huérfanos por feminicidio, el precio del gas licuado de petróleo (GLP), las exportaciones de oro, la devolución de impuestos a exportadores, las denuncias de corrupción y el cálculo de las tarifas eléctricas.
Las medidas fueron difundidas por el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, quien aseguró que buscan proteger la economía familiar, combatir los cobros ilegales y establecer reglas claras para las actividades económicas.
A través de sus redes sociales, el mandatario explicó los alcances de las seis normas promulgadas y destacó que las disposiciones abarcan tanto beneficios sociales como modificaciones en procedimientos económicos y administrativos.
El Decreto Supremo 5745 reglamenta la Ley 1680 y establece medidas de protección para niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos como consecuencia de feminicidios y otros delitos contra la vida. La disposición contempla un bono mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional vigente, que actualmente representa Bs 660.
Además del beneficio económico, los menores de cinco años recibirán un paquete alimentario, mientras que los beneficiarios podrán acceder a medidas de protección en salud y educación.
En cuanto al precio del GLP, el Decreto Supremo 5746 mantiene en Bs 22,50 el costo de la garrafa de 10 kilogramos. Según la explicación presidencial, las variaciones en los costos no serán trasladadas a los consumidores, sino compensadas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Por otra parte, el Decreto Supremo 5747 establece nuevas condiciones para las exportaciones de oro. Los exportadores deberán acreditar el ingreso de divisas al sistema financiero nacional por un monto equivalente al 80% del valor computable de sus exportaciones anteriores, como requisito para obtener nuevas autorizaciones.
El Ejecutivo sostiene que esta disposición pretende incrementar el ingreso de moneda extranjera al país sin restringir las ventas del mineral a los mercados internacionales.
Respecto a la devolución de impuestos, el Decreto Supremo 5748 introduce modificaciones en el procedimiento de emisión y utilización del Certificado de Devolución Impositiva (Cedeim). Los exportadores podrán recuperar los tributos pagados por compras y costos relacionados con sus operaciones de exportación mediante un certificado digital, que también podrá emplearse para cancelar obligaciones tributarias.
La norma contempla un plazo de 10 días para la calificación de facturas y de 180 días para presentar la solicitud correspondiente. De acuerdo con la información difundida por el mandatario, la medida entrará en vigencia en marzo y tiene como finalidad agilizar la devolución de impuestos a los exportadores formales.
En materia de transparencia, el Decreto Supremo 5749 establece mecanismos para denunciar presuntos cobros ilegales y hechos de corrupción relacionados con trámites judiciales o administrativos. Las denuncias podrán presentarse por escrito ante el Viceministerio de Transparencia, de manera presencial o mediante una plataforma digital.
La disposición también permite solicitar la reserva de identidad de los denunciantes e incorpora mecanismos de protección para quienes reporten hechos de corrupción en los ámbitos judicial y policial.
Finalmente, el Decreto Supremo 5750 modifica las fórmulas utilizadas para determinar los precios y las tarifas máximas del servicio eléctrico. Entre los ajustes figura la utilización del promedio mensual del tipo de cambio, en reemplazo del valor registrado únicamente el día 25 de cada mes.
El Gobierno aclaró que esta modificación no implica un incremento automático de las tarifas eléctricas y señaló que el objetivo es reducir las variaciones bruscas en los cálculos y proporcionar mayor estabilidad a las reglas aplicables al sector.