La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la compra de un millón de billetes conmemorativos del Bicentenario, por la que el exgerente de Tesorería del Banco Central de Bolivia (BCB), Sergio Calisaya Ávila, fue imputado por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, luego de que solo se comercializara el 3,8% del total adquirido.
El fiscal asignado al caso, Johan Muñoz, informó que Calisaya prestó su declaración informativa antes de ser imputado por los presuntos delitos. La investigación busca establecer las circunstancias en las que se concretó la adquisición y determinar las posibles responsabilidades de los funcionarios que intervinieron en el proceso.
Según los datos presentados por el Ministerio Público, de un millón de billetes adquiridos se vendieron únicamente 37.885 unidades, mientras que otras 962.115 permanecen almacenadas en las bóvedas de la entidad emisora. La cantidad comercializada representa apenas el 3,8% del total comprado.
Muñoz explicó que el BCB registró un promedio de 270 billetes vendidos por mes durante el periodo evaluado. A ese ritmo, la comercialización de todo el lote tomaría aproximadamente 297 años, frente a los tres años que se habían previsto inicialmente para vender las piezas conmemorativas.
La compra se concretó en abril de 2024, durante la gestión del expresidente Luis Arce, por un monto superior a Bs 4,8 millones. Los antecedentes de la investigación también consignan un costo de 668.990 dólares por el millón de billetes. La denuncia cuestiona que la operación se realizara sin estudios técnicos ni análisis de mercado que permitieran establecer la demanda y justificar su viabilidad económica.
Entre las observaciones también figura la falta de una proyección adecuada sobre la cantidad de piezas que podían comercializarse. De acuerdo con la explicación del fiscal, tampoco existía una normativa contractual específica para la elaboración de billetes conmemorativos, pese a que se suscribió un contrato con una empresa extranjera para su producción.
La Procuraduría General del Estado informó que se identificó un posible daño económico superior a Bs 4,5 millones. La institución señaló que coordina actuaciones con el BCB y otras entidades para respaldar la investigación y procurar la recuperación de los recursos estatales, en caso de que se establezcan responsabilidades.
La orden de aprehensión contra Calisaya se emitió después de una denuncia presentada por el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública. El procurador general del Estado, Hugo León La Faye, destacó que la coordinación entre las instituciones permitió avanzar en las actuaciones judiciales en menos de un mes desde que la Procuraduría se apersonó al proceso, el 19 de septiembre.
Además del exgerente, otras diez personas son investigadas por su posible participación en la adquisición. Entre los exfuncionarios mencionados en los antecedentes figura Roger Edwin Rojas Ulo, quien ejerció la presidencia interina del BCB. La investigación deberá establecer la intervención de cada uno y determinar si las decisiones adoptadas se ajustaron a las normas vigentes.