En las últimas semanas el Gobierno firmó acuerdos con alcaldes y gobernadores, anunció apoyo técnico multilateral y fijó un cronograma hacia el presupuesto 2027. Las cifras concretas acordadas son todavía parciales frente a la meta del 50%.
La Agenda 50/50 del presidente Rodrigo Paz Pereira propone que la mitad de los recursos públicos sea administrada por los gobiernos subnacionales y las universidades, hoy relegados a una porción menor del presupuesto. Llegó al gobierno como oferta electoral en 2025, y se incorporó al Plan de Desarrollo como tercero de sus siete ejes, «Bolivia 50/50», con tres componentes: consolidación del régimen autonómico, gobernanza autonómica con gestión de resultados, y gestión y organización territorial del Estado. En septiembre de 2026, la propuesta pasó de la declaración política a la negociación con cifras. Este artículo reconstruye esa secuencia y la contrasta con el diagnóstico técnico disponible.
En 2025, el nivel nacional ejecuta 84% de la inversión pública, frente a 10% de las gobernaciones y 6% de los municipios. Las entidades territoriales autónomas ejecutan 9% del gasto del PGE 2025 (Bs 28.009 millones de Bs 296.566 millones), pese a tener 36 competencias exclusivas las gobernaciones y 43 los municipios. La coparticipación tributaria se divide en 74,6% para el Tesoro General, 20% para los municipios y 5,4% para las universidades, sin participación directa de las gobernaciones.
Desde la teoría secuencial de Falleti (2010), el 50/50 sería el intento de completar la dimensión fiscal de una descentralización que ya tuvo reformas políticas (elección de gobernadores desde 2010) y administrativas (transferencia de competencias en salud, educación y seguridad ciudadana), pero no tocó el núcleo del financiamiento subnacional desde la Ley 1551 de 1994. El documento reconoce tres virtudes de la propuesta: admite un desequilibrio estructural que el marco legal no desarrolló conforme al mandato del artículo 340 de la Constitución, instala la discusión del pacto fiscal pendiente desde la Ley 031 y crea incentivos para que los gobiernos subnacionales fortalezcan sus capacidades, porque más recursos implican más escrutinio.
El proceso formal arrancó el 5 de agosto de 2026 en Sucre, donde Paz y los nueve gobernadores firmaron un acuerdo que estableció la agenda 50/50 como hoja de ruta para revisar la distribución de recursos, competencias y la situación financiera de las autonomías departamentales, con implementación progresiva desde 2027, según La Patria. Antes de esa reunión, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, condicionó el apoyo de la bancada de Libre en el Senado al presupuesto reformulado 2026: que el inicio del 50/50 en la coparticipación tributaria se incorporara al PGE 2027 y que el gobierno central asumiera los gastos de su competencia que hoy pagan los subnacionales, según eju.tv.
El 29 de septiembre, Paz se reunió con los alcaldes de las ciudades capitales y El Alto. Según Los Tiempos, tras el encuentro se firmó el Acuerdo 002/2026, que articula tres ejes: libertades y eficiencia autonómica, reformas normativas, y acuerdos fiscales y financiamiento. Entre las acciones previstas figuran priorizar la sostenibilidad del sistema de salud municipal, revisar competencias y cargas financieras, simplificar procedimientos administrativos, fortalecer transparencia y gestión de datos, y revisar la normativa que restringe el ejercicio competencial de las alcaldías. El presidente afirmó que el 50/50 «ha nacido y ahora tiene que empezar a caminar».
El presidente de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Mauricio Barba, informó que los municipios recibirán un adicional al presupuesto 2026 y que se instalarán mesas técnicas con el Servicio Estatal de Autonomías. El monto del adicional no fue detallado en las notas consultadas.
Ese mismo día, Paz anunció que el Banco Mundial brindará asistencia técnica al diálogo del 50/50, tras una conversación con una vicepresidenta del organismo especialista en pacto fiscal, según La Razón. El presidente planteó que la discusión debe abarcar educación, salud y competencias tributarias de los distintos niveles de gobierno, no solo una redistribución de recursos. Urgente.bo agregó que Paz afirmó que se cerraron acuerdos con el Banco Mundial, la CAF, el BID y el Fondo Monetario para un paquete de USD 10.000 millones. Esa cifra es una declaración presidencial reproducida por un solo medio entre los consultados y no tiene detalle de condiciones ni desembolsos.
Al día siguiente, Paz y los nueve gobernadores acordaron avanzar en tres puntos, según La Patria. El primero es analizar la transferencia de 15% de la coparticipación tributaria a los gobiernos departamentales, en relación con las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley Marco de Autonomías. El segundo es modificar la Ley 154, que clasifica y regula los impuestos de dominio de las gobernaciones. El tercero es una Ley Básica de Relaciones Internacionales de los Gobiernos Autónomos Departamentales, para que gestionen directamente recursos de cooperación internacional bajo registro y regulación.
Los gobernadores llegaron a la reunión en estado de alerta por su situación financiera. Entre sus demandas figuran la devolución de 12% del IDH y medidas ante el aumento del precio del diésel, que afecta obras, mantenimiento vial, salud y maquinaria. Durante la jornada se promulgó una ley que traslada al nivel central el financiamiento de los prediarios de personas privadas de libertad y del bono de vacunación del personal de salud, obligaciones que recaían en las gobernaciones. Las mesas técnicas, con representantes del Viceministerio de Autonomías y de los ministerios involucrados, comenzarían el 5 de octubre en La Paz, y la siguiente reunión está prevista para el 12 de octubre en Cobija. Un pie de foto de la misma nota menciona el 20 de octubre como inicio de las mesas, discrepancia que conviene confirmar con fuentes oficiales.
Las cifras acordadas hasta ahora son pasos parciales respecto a la meta. La transferencia de 15% de la coparticipación está todavía en fase de análisis, y las notas consultadas no precisan de qué porción se detrae ni cuál sería el efecto sobre el Tesoro, que hoy retiene 74,6%. La devolución de 12% del IDH es una demanda de los gobernadores, no un acuerdo cerrado. Y el traslado de prediarios y bono de vacunación es una reasignación de obligaciones de gasto, que libera presupuesto departamental pero no transfiere recursos nuevos.
La discusión boliviana se inscribe en un contexto regional poco favorable. La CEPAL proyecta para América del Sur un crecimiento de 2,5% en 2026 y 2027, mientras la presentación sobre la crisis latinoamericana sitúa a Bolivia como la única economía en recesión de la región. Con una informalidad de 82,2% y una percepción de corrupción de 28 sobre 100, el país reparte recursos que crecen poco, entre entidades que los fiscalizan con herramientas débiles. Por eso el apoyo técnico del Banco Mundial y el paquete multilateral anunciado pesan más como condición de gobernabilidad que como fuente de recursos: el estudio de CEBEM recuerda que, sin trazabilidad y control social efectivo, la descentralización puede derivar en corrupción descentralizada.
Esta gradualidad coincide con la recomendación técnica del estudio de CEBEM, que plantea reconocer el 50/50 como meta política sujeta a sostenibilidad, con cláusula anticíclica, y comenzar por un piloto con una Masa Fiscal Distribuible definida por ley. Lo que el cronograma oficial no menciona, en las fuentes revisadas, es esa definición de base de cálculo. Sin ella, 50% puede referirse al presupuesto total, a los recursos de libre disponibilidad o a la masa coparticipable, con resultados muy distintos.
El estudio enumera seis riesgos de la reforma, cada uno con una medida de mitigación: desfinanciamiento del nivel central (Masa Fiscal Distribuible y piso nacional de sostenibilidad), transferencia sin competencias (fichas competenciales y convenios obligatorios), desigualdad territorial (fondo de equidad e índice de necesidades), baja capacidad institucional (certificación y gradualidad), caída de ingresos (fondo de estabilización) y corrupción descentralizada (trazabilidad digital).
La crítica de fondo del documento es de diseño. Un reparto porcentual fijo, advierte, puede obligar a crear tributos subnacionales y trasladar presión a una economía donde la informalidad se ubica entre 70% y 80% de la población económicamente activa; según el modelo de Torrez y Quevedo, eso reduce la base imponible. Como alternativa propone un federalismo fiscal competencial: ensanchar la base mediante una alícuota óptima, separar las competencias tributarias por rubro y centrar la descentralización en el traspaso de competencias de gasto. El documento compara además ambos modelos: el 50/50 de Paz como reparto fijo del presupuesto global frente a una descentralización de impuestos base (IVA, IT) con retención en origen y un fondo horizontal compensatorio.
También hay una condición institucional previa. De los nueve departamentos, solo Santa Cruz, Tarija y Pando tienen estatutos autonómicos vigentes según el borrador, con Beni en revisión constitucional; cinco rechazaron sus estatutos en el referéndum de 2015. El estudio sugiere un plazo hasta fin de 2026 para aprobar estatutos y cartas orgánicas. A ello se suma la fragmentación política: solo dos gobernaciones son aliadas del gobierno nacional, y apenas 12% de los alcaldes tiene mayoría en su Concejo, lo que puede complicar la aprobación de las leyes que exige el cronograma.
En el lado favorable, la AMB y la Federación de Asociaciones Municipales han valorado la propuesta con cautela, y su demanda central es un espacio permanente de coordinación, no solo una redistribución aritmética. El acuerdo de septiembre responde en parte a ese reclamo. La prueba de fuego llegará con el Presupuesto General del Estado 2027: si incorpora una regla explícita de transferencia, con base de cálculo y fuente de financiamiento, el 50/50 pasará de agenda a política fiscal.
El autor es economista.