Es una buena noticia que se investigue la presunta corrupción en el Ministerio Público. Hay motivos para sentir satisfacción cuando una institución encargada de perseguir delitos comienza a responder por lo que ocurre en sus propias oficinas. La investigación debe avanzar hasta identificar responsabilidades y desarmar las redes que pudieran haber convertido la justicia en un negocio.
La satisfacción, sin embargo, tiene una incomodidad: la señal que quebró la normalidad llegó desde Washington. El 28 de septiembre Estados Unidos anunció la restricción de ingreso de Roger Mariaca; el 30 fue aprehendido. El 8 de octubre continuaban las diligencias en despachos donde, según el reporte fiscal, se encontraron dinero, joyas y documentación. El contraste entre la tranquilidad anterior y la súbita actividad merece explicación.
Rodrigo Paz sostiene que hubo una investigación silenciosa previa. El Gobierno debe mostrar su cronología y explicar por qué el quiebre público llegó después del veto estadounidense. El Ministro de Defensa había anunciado que las acusaciones de Washington activarían una investigación. Sin aquella señal, cuesta imaginar a Mariaca abandonando su comodidad: las alertas internas habían convivido demasiado tiempo con su continuidad.
No sería cierto decir que nadie lo denunció. Rolando Cuéllar lo había cuestionado y su candidatura de 2024 recibió impugnaciones. Lo inquietante es que esas alertas no impidieron su ascenso. Oficialismo y oposición deben explicar cómo ejercieron su fiscalización antes del escándalo. Carlos Alarcón pidió que dejara el cargo el mismo día del anuncio estadounidense. La reacción existió; llegó cuando el costo de guardar silencio había cambiado.
El caso Cerimedo vuelve más incómodas esas preguntas. El audio difundido el 5 de octubre, atribuido a ambos, sugiere una familiaridad que exige investigación. Su autenticidad y contexto deben establecerse. Sería grave que el fiscal encargado de investigar a un asesor presidencial cuestionado mantuviera con él una cercanía capaz de comprometer su independencia. Gobierno y oposición deben aclarar qué sabían, desde cuándo y qué hicieron con esa información.
La responsabilidad de gobernar incluye detectar y corregir las fallas institucionales antes de que una sanción extranjera obligue a reaccionar. La oposición también tiene que vigilar a quienes administran el poder. Si ambos esperan que Washington señale al funcionario cuestionado, dejan en manos ajenas una parte esencial del control democrático. Resulta difícil presumir de soberanía cuando la alarma debe sonar desde otro país.
Las responsabilidades penales tendrán que ser demostradas con pruebas y decisiones judiciales. Esa exigencia fortalece la investigación y permitirá seguir el dinero, revisar nombramientos y esclarecer las protecciones que se acrediten. El Gobierno tendrá que aceptar que las pesquisas alcancen a sus propios allegados; la oposición, que también se examine a los suyos. Una depuración selectiva dejaría intactas las condiciones que hicieron posible el escándalo.
Pusimos el dedo en la llaga y salió pus. Ahora la satisfacción inicial debe convertirse en una exigencia sostenida. El tumor que debe extirparse es la corrupción enquistada en la institución. ¿Tendrá el Gobierno la capacidad y el valor de hacer la operación completa, incluso si descubre que las ramificaciones alcanzan a quienes hoy se sientan a su mesa?
El autor es expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, docente universitario, analista político.