Bolivia deberá completar la eliminación de los subsidios a los combustibles a comienzos de 2027 y ajustar los precios de venta al consumidor a las cotizaciones internacionales, según establece el programa de reformas económicas acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos detalles fueron difundidos por el organismo.
El documento señala que la política de precios de los carburantes deberá adecuarse plenamente a los valores del mercado internacional durante los primeros meses de la próxima gestión, conforme a las disposiciones del Decreto Supremo 5652.
Para alcanzar ese objetivo, el programa contempla la aplicación de un mecanismo automático que permitirá modificar periódicamente los precios internos de los combustibles, tomando en cuenta la estructura de costos del sector y las variaciones de las cotizaciones internacionales.
De acuerdo con las estimaciones del equipo técnico del FMI, el costo de las subvenciones a los carburantes, calculado en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), disminuirá del 6,2% registrado en 2025, valorado al tipo de cambio paralelo, al 2,9% previsto para 2026. La proyección establece que ese gasto llegará al 0% a principios de 2027, cuando se complete el proceso de eliminación de los subsidios.
Sin embargo, el organismo internacional advierte que estas previsiones están sujetas a factores que podrían modificar los resultados, principalmente las fluctuaciones del tipo de cambio y los precios internacionales de los combustibles.
Ante ese escenario, considera necesario establecer planes de contingencia que permitan afrontar eventuales variaciones del mercado y avanzar en la implementación del nuevo sistema de determinación de precios.
El proceso de modificación de las subvenciones comenzó en diciembre de 2025, cuando el Gobierno dispuso un incremento del precio de la gasolina a Bs 6,96 por litro y del diésel a Bs 9,80. Posteriormente, en agosto de 2026, se eliminó completamente la subvención al diésel, medida que también se extendió a la gasolina de aviación.
Como parte de la transición, el programa económico también prevé ampliar la participación de empresas privadas en las actividades de importación y distribución de combustibles, mediante un esquema que permita a los operadores comercializar estos productos a precios determinados por las condiciones del mercado.
Esta apertura forma parte de las reformas destinadas a modificar el funcionamiento del sector y avanzar hacia un sistema de comercialización en el que los precios reflejen los costos y las cotizaciones internacionales.
El FMI también plantea que las autoridades bolivianas publiquen periódicamente los principales parámetros utilizados para calcular los precios de los carburantes, así como información detallada sobre las subvenciones que pudieran mantenerse durante el periodo de transición.
La propuesta incluye desarrollar una estrategia de comunicación pública que explique el funcionamiento del mecanismo automático de fijación de precios, los criterios utilizados para realizar los ajustes y los alcances de las modificaciones previstas en el mercado nacional de combustibles.
De acuerdo con las proyecciones del organismo internacional, la transición hacia precios alineados con el mercado internacional deberá completarse a comienzos de 2027, aunque los resultados fiscales dependerán de la evolución del tipo de cambio, las cotizaciones de los carburantes y la aplicación de las reformas previstas.