Cuando el poder pierde el control del relato, la verdad comienza a incomodar.
Hay nombres que parecen escritos para la historia y otros que terminan convertidos en ironías del destino. Cómodo fue emperador de Roma; Roger Mariaca, Fiscal General del Estado boliviano, se convirtió en protagonista de una controversia que terminó con su aprehensión. Entre ambos existe una distancia histórica e institucional enorme, pero el juego de palabras permite plantear una cuestión que trasciende a sus protagonistas: ¿qué ocurre cuando el poder se acostumbra a exigir explicaciones y llega el momento de darlas?
La palabra descontrolado no pretende diagnosticar a una persona, es una crítica política al desborde del discurso, a la precipitación de las explicaciones y a la tentación de convertir una controversia institucional en una batalla de versiones. Porque una cosa es defenderse y otra muy distinta pretender que la propia versión cierre anticipadamente todas las preguntas.
En cuanto a Cerimedo, estamos ante una ¿causa o coartada? El 28 de septiembre, después de que Estados Unidos anunciara medidas contra su visa y formulara acusaciones de presuntos sobornos vinculados al narcotráfico, Mariaca aseguró que no retrocedería en las investigaciones relacionadas con Fernando Cerimedo y otros casos, atribuyó las medidas estadounidenses a una posible represalia por su trabajo.
Su argumento merece ser examinado, no aceptado ni descartado automáticamente, es legítimo investigar si existe una interferencia extranjera en asuntos judiciales bolivianos, también es legítimo preguntarse si la explicación ofrecida por una autoridad corresponde a los antecedentes verificables de una investigación en su contra.
¿Las actuaciones cuestionadas comenzaron antes del caso Cerimedo? ¿Qué antecedentes existen? ¿Qué elementos respaldan las acusaciones? ¿Qué parte de la controversia puede ser demostrada documentalmente?
Son preguntas elementales, que de ninguna manera constituyen una condena anticipada ni una defensa de Washington, exigen, simplemente, que los hechos sean examinados sin privilegios. Si Mariaca considera que existe una operación política, debe poder demostrarlo por las vías correspondientes, pero la invocación de una represalia no puede convertirse en un escudo automático frente a cualquier investigación.
La secuencia de los acontecimientos elevó la tensión. El 30 de septiembre, Mariaca fue aprehendido junto con otras autoridades y funcionarios. Al día siguiente, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que se investigaba una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público y atribuyó a Mariaca posibles responsabilidades relacionadas con narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas. (EFE y ABI, 1 de octubre de 2026).
Son acusaciones graves, que deben ser sometidas a investigación y control judicial, no corresponde presentarlas como culpabilidad demostrada, pero tampoco resulta razonable reducir todo lo ocurrido a una disputa diplomática o a una supuesta represalia por el caso Cerimedo sin examinar los antecedentes de la investigación boliviana.
Aquí aparece la verdadera incomodidad: el titular de una institución encargada de investigar delitos queda sometido al escrutinio de las autoridades que deben esclarecer posibles responsabilidades.
La Fiscalía no puede convertirse en un territorio de inmunidades personales. Quien investiga debe responder por sus actos con las mismas garantías y exigencias que reclama para los demás.
Desde siempre los bolivianos y la comunidad internacional conocen e inclusive reconocen que la hoja de coca no es el narcotráfico. En Bolivia debemos distinguir cuidadosamente la hoja de coca, parte de nuestra historia y de las tradiciones de nuestros pueblos, de las actividades criminales relacionadas con la producción y el tráfico ilícito de drogas.
Defender la coca no significa defender el narcotráfico, defender la soberanía nacional tampoco significa proteger a funcionarios eventualmente involucrados en actividades ilícitas.
La cuestión es quién garantiza que esa diferencia sea respetada en la práctica. ¿Quién protege al productor legal cuando las instituciones pierden credibilidad? ¿Quién responde cuando aparecen sospechas sobre posibles redes de protección? ¿Quién puede asegurar que la lucha contra el narcotráfico no se utiliza selectivamente contra adversarios, mientras otros reciben protección?
La respuesta no puede ser una consigna, debe ser una investigación independiente, con pruebas verificables y garantías procesales. La hoja de coca no puede convertirse en cortina de humo, la soberanía no puede servir de salvoconducto y la lucha contra el narcotráfico no puede transformarse en una fábrica de culpables.
Washington no es la justicia boliviana, Estados Unidos puede adoptar decisiones migratorias dentro de sus atribuciones, pero la revocación de una visa no equivale a una condena penal. Del mismo modo, una acusación estadounidense no demuestra por sí sola la culpabilidad de una persona.
Si Washington dispone de pruebas sobre presuntos sobornos o protección a narcotraficantes, corresponde que sustente sus afirmaciones por los procedimientos pertinentes. Si Bolivia cuenta con elementos propios, debe investigarlos y presentarlos ante las instancias competentes.
La soberanía no consiste en rechazar toda información procedente del exterior. Consiste en preservar la capacidad nacional de verificarla, contrastarla y actuar conforme a sus propias leyes y si se planteara una extradición, correspondería examinarla según el procedimiento aplicable, no anunciarla como inevitable ni descartarla por razones políticas.
Bolivia no necesita escoger entre creer ciegamente a Washington o aceptar sin examen la versión de Mariaca. Necesita conocer los hechos. Acá surge otra pregunta: ¿quién investiga a los investigadores?
La Fiscalía General no es propiedad de su titular, es una institución del Estado cuya legitimidad depende de su independencia, objetividad y sometimiento a la ley. Por eso, cuando su máxima autoridad queda bajo investigación, la respuesta no puede limitarse a la defensa corporativa, al intercambio de acusaciones o a la descalificación de quienes formulan preguntas.
Si existen pruebas contra Mariaca, deben ser examinadas y si las acusaciones son falsas, se debe demostrar su falsedad, si hubo irregularidades en la aprehensión o en los procedimientos empleados, también se debe investigar.
El debido proceso protege al investigado, pero no le concede inmunidad, la presunción de inocencia impide condenarlo anticipadamente, pero tampoco obliga a aceptar su versión como verdad definitiva. Una justicia independiente no puede exigir cuentas a todos, salvo a quienes ocupan sus más altas jerarquías.
Cuando el poder se vuelve incómodo, la referencia al emperador Cómodo es una ironía histórica, no una equivalencia jurídica, lo que nos interesa es la vieja tentación de confundir autoridad con inmunidad y poder con derecho a no responder.
Mariaca tiene derecho a defenderse, el Estado boliviano tiene la obligación de respetar el debido proceso. Estados Unidos debe respaldar sus acusaciones por las vías correspondientes y la ciudadanía tiene derecho a saber qué se investiga, desde cuándo y sobre qué elementos.
Ninguna de estas exigencias excluye a las demás. El calificativo descontrolado adquiere sentido político cuando el debate abandona la explicación documentada y se transforma en una sucesión de afirmaciones que buscan desplazar el examen de los hechos. Pero la crítica también debe someterse a la misma regla: no basta con un adjetivo para demostrar una responsabilidad.
Por eso, el verdadero desafío no consiste en decidir quién domina el relato, sino en establecer qué ocurrió.
La última palabra debe tenerla la prueba. Del emperador Cómodo al Fiscal General incómodo y descontrolado, la ironía nos conduce a una lección institucional: ningún cargo es una corona o trofeo, ninguna bandera sustituye a una prueba y ninguna autoridad puede convertir la justicia en propiedad personal.
Si hay responsabilidades, que sean establecidas, si las acusaciones no se sostienen, que se desmoronen ante los tribunales; si hubo abuso de poder, que se sancione, y si existió persecución política, que también se demuestre.
Ni los discursos de Washington deben reemplazar a la justicia boliviana ni los allegados de una autoridad deben clausurar las preguntas, porque cuando el fiscal deja de ser solamente quien pregunta y se convierte en quien debe responder, la justicia enfrenta su examen más importante: demostrar que la ley no tiene favoritos.
Finalmente, si la verdad resulta incómoda, que incomode. Lo que Bolivia no puede permitirse es que la comodidad de los poderosos termine convirtiéndose en la incomodidad permanente de toda una sociedad.
El autor diplomático de carrera y politólogo.