El reciente ultimátum emitido desde el corazón del Trópico de Cochabamba, tras el ampliado de las federaciones leales a Evo Morales en Lauca Ñ, rebasó los márgenes habituales de la protesta social para convertirse en un abierto desafio al orden constitucional. La exigencia implícita es clara y contundente: la abrogación de decretos de corrección fiscal, la paralización del retiro gradual de subsidios y la interrupción de procesos penales a cambio de no convulsionar el país mediante cercos y bloqueos nacionales de carreteras.
Esta dinámica no es un hecho aislado. Representa la instrumentalización de la fuerza territorial y la coerción de bloquear caminos como herramienta de negociación política. Cuando un sector corporativo condiciona la transitabilidad en la red vial fundamental y el abastecimiento de las ciudades a la anulación de decisiones del Ejecutivo y de órdenes del Órgano Judicial, el principio de autoridad del Estado queda gravemente lesionado.
El riesgo de que sean cumplidas estas amenazas no es abstracto ni lejano. Un eventual bloqueo indefinido de carreteras no solo estrangularía una economía urbana y productiva ya golpeada por la escasez de divisas y combustibles, sino que profundizaría la fractura socioterritorial entre las mayorías urbanas e independientes y las cúpulas sindicales atrincheradas. Además, sentaría un precedente nefasto para la institucionalidad democrática: la consolidación de zonas de exención legal, donde la justicia ordinaria se suspende en nombre de la movilización popular.
Ninguna demanda social legítima ni cálculo de supervivencia política puede situarse por encima de la Constitución Política del Estado. Ceder ante el chantaje del ultimátum significaría admitir que la ley es optativa y que la gobernabilidad de la nación depende del permiso que se otorgue desde una región. Salvar la viabilidad económica y democrática de Bolivia exige restablecer, sin titubeos, la primacía del Estado de Derecho, garantizando la libre circulación de la ciudadanía y asegurando que la justicia penal no sea objeto de transacción en carreteras bloqueadas.
El autor es periodista.