En Bolivia, el problema del aparato estatal no es la cantidad de funcionarios públicos, sino la arquitectura institucional que permite que las instituciones estatales sean colonizadas por operadores políticos. Cuando eso ocurre, despedir gente no soluciona el problema de fondo; solo cambia quién ocupa los mismos espacios deformados. No se trata únicamente de despedir funcionarios que trabajaron en anteriores gobiernos, sino de rediseñar instituciones.
La función pública en Bolivia carga con una mala reputación social, asociada a burocracia, ineficiencia y politización. Sin embargo, esta percepción no es universal. En países como Chile, Uruguay, Costa Rica o incluso España, el servicio público goza de reconocimiento porque se entiende como un trabajo distinto al del sector privado; su lógica no es la del mercado, sino la de garantizar continuidad institucional, estabilidad normativa y provisión de bienes públicos. Allí, la función pública es vista como una carrera profesional con reglas claras, concursos, formación y responsabilidad técnica.
Durante años en Bolivia existió la carrera administrativa vinculada a la gestión pública, un mecanismo que, con todas sus limitaciones, permitió profesionalizar parte del aparato estatal y garantizar cierta continuidad técnica. Funcionó razonablemente bien mientras la economía ofrecía márgenes de maniobra, pero cuando los problemas económicos comenzaron a agravarse, el Gobierno de Arce priorizó operadores políticos por encima de funcionarios con mérito y trayectoria. No fue solo una decisión política coyuntural sino el reflejo de un patrón estructural. Cuando la economía se desordena y el gobierno pierde capacidad de gestión, cualquier administración tiende a aferrarse a la lealtad partidaria antes que a la competencia técnica.
En 20 años el MAS no solo llenó el Estado con sus militantes, además lo rediseñó para que dependiera de ellos. El diseño institucional fue modificado para que la permanencia laboral dependiera de la militancia. Tres mecanismos fueron decisivos, primero la Inscripción obligatoria al partido para conservar el cargo, la creación de unidades, direcciones y cargos sin función técnica solo para operadores políticos y por último, la colonización de áreas estratégicas (contrataciones, comunicación, recursos humanos y departamentos jurídicos) para controlar decisiones y realizar seguimiento político.
Pero el aparato estatal también tiene un “núcleo duro” de funcionarios de carrera y precisamente aquí está la parte que casi nunca se dice en el debate público. Hay funcionarios con 15, 20, 25 o incluso más años de experiencia que han trabajado con varios gobiernos y conocen procesos, normas, sistemas y procedimientos que han sostenido el aparato incluso en momentos de crisis.
Este grupo es pequeño, pero es el que sostiene la continuidad del Estado. Son quienes saben cómo se ejecuta un presupuesto estatal (muy diferente a cómo se ejecuta el de una empresa privada), cómo se formula un POA, cómo se administra un contrato firmado por el Estado, cómo se responde a la Contraloría y a organismos internacionales, sobre todo, cómo alertar que una mala decisión genere daño económico al Estado; sin ellos, el Estado se paraliza. El actual Gobierno lo sabe y por eso ha promovido a varios de estos funcionarios de carrera a cargos de autoridad. Al mismo tiempo ha identificado, aunque en una pequeña fracción, a un grupo que pese a ocupar puestos de responsabilidad, eran solo operadores políticos camuflados del gobierno anterior; sin embargo, este Gobierno también tiene una cuota de funcionarios que responden más a la militancia que a la meritocracia.
El problema no es la cantidad de funcionarios, sino la mezcla tóxica entre operadores políticos y servidores públicos de carrera. Mientras esa frontera no se reconstruya, cualquier gobierno seguirá atrapado en un aparato diseñado para la militancia, no para la gestión.
Una reforma seria debe reestablecer una carrera administrativa real, con concursos públicos y estabilidad basada en mérito, además de eliminar los cargos creados exclusivamente para operadores políticos y fijar reglas claras de ingreso, permanencia y salida. Solo así es posible reordenar el Estado para que funcione como Estado y no como aparato partidario.
El verdadero problema es la colonización partidaria que deformó las estructuras del Estado. Separar a los operadores políticos de los servidores de carrera es el primer paso para reconstruir un aparato público que funcione, que sea profesional y que deje de depender de la militancia para operar. La coyuntura económica no puede volver a ser la excusa para reemplazar capacidad técnica por lealtad partidaria. Si ese patrón no se corrige, cualquier administración —presente o futura— seguirá gestionando un Estado diseñado para la política, no para el desarrollo.
El autor es economista.