ALP sesionará para tratar situación de Mariaca y FGE

Justificando la determinación de adelantar la sesión convocada para tratar la situación de la Fiscalía General del Estado (FGE) tras la aprehensión de su máxima autoridad, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, adelantaron que el pleno del Parlamento analizará todos los aspectos institucionales y jurídicos posibles para asumir una posición respecto a futuras acciones legislativas y la respectiva fiscalización del caso.
El titular del Senado, Diego Ávila, en ejercicio de la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), explicó que durante la décimo octava sesión ordinaria de la ALP se abordará toda la información disponible respecto a la reciente aprehensión del fiscal general, además de otras personas y autoridades, quienes son apuntados por el gobierno norteamericano por supuestos actos de corrupción y favorecimiento al narcotráfico.
“Lo que buscamos es verificar los aspectos institucionales y jurídicos vinculados a este hecho, para tomar las consideraciones que el pleno considere necesaria para definir acciones legislativas y la fiscalización correspondiente”, adelantó la autoridad legislativa.
Para Ávila, es importante que desde la ALP se actúe en estricto cumplimiento del marco normativo vigente, con la finalidad de preservar la institucionalidad democrática del Estado boliviano y del Ministerio Público, siempre en busca de fortalecer a las instituciones, incluso en casos como el presente.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, apuntó que lo sucedido en el caso del fiscal general no puede ser tratado como un simple hecho policial y merece un análisis responsable por parte de los legisladores.
“Cuando una investigación alcanza a la máxima autoridad de una institución encargada de ejercer la acción penal publica, el país necesita respuestas claras y verificables”, sostuvo Castro, puntualizando que la ciudadanía tiene derecho a conocer los pormenores respecto a la aprehensión de la máxima autoridad del Ministerio Público.
Asimismo, resaltando que el trabajo parlamentario estará enfocado en defender y hacer respetar las garantías constitucionales de todas las personas investigadas en este caso, así como las atribuciones de fiscalización que la CPE confiere a la ALP, Castro adelantó que el pleno legislativo analizará toda la toda la información oficial existente, antes de asumir públicamente las acciones de seguimiento e investigación que correspondan, siempre respetando mecanismos constitucionales.
“Si corresponde conformar una comisión especial, requerir informes o adoptar otras medidas, esas decisiones deberán estar fundamentadas y quedar sometidas a la Constitución y la ley (…) no puede haber protección por cargo, jerarquía injerencia política o cercanía con ningún poder, pero tampoco puede haber atropellos o condenas por presión mediática”, dijo.
Ayer, ante el viaje del vicepresidente Edmand Lara a España, el presidente del Senado, Diego Ávila, determinó adelantar para esta jornada la sesión de la Asamblea Legislativa para tratar el caso de la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
Lara había convocado a la sesión para el lunes 5 de octubre, pero Ávila dispuso que se haga el viernes 2 a las 09:30 por razones de urgencia, según la convocatoria publicada el jueves.
El orden de la sesión contempla el “conocimiento y consideración de informes oficiales sobre la aprehensión del Fiscal General del Estado, así como de los antecedentes institucionales, jurídicos y constitucionales vinculados al hecho”.
En criterio del diputado oficialista Manolo Rojas, el único camino por el que puede optar la ALP es resolver la situación del vacío jurídico que se generó con la aprehensión de Mariaca, esto para evitar una crisis mayor en el Ministerio Público.
“El único escenario posible es debatir sobre un proyecto de resolución de Asamblea, que permita llenar este vacío jurídico para poder definir qué es lo que va ocurrir en adelante, tomando en cuenta que no puede haber esta ausencia en el cargo porque puede generar inestabilidad en el Ministerio Público”, explicó Rojas.