Cada 1 de octubre se cumple un año más de una de las jornadas más luctuosas, amargas y dolorosas en la historia diplomática y republicana de Bolivia. Aquel nefasto 1 de octubre de 2018, el Gran Salón de la Justicia del Palacio de la Paz en Holanda se convirtió en el escenario de una tragedia geopolítica sentenciada en voz alta por la Corte Internacional de Justicia (CIJ):
«Por 12 votos contra 3, la Corte concluye que la República de Chile no asumió la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado Plurinacional de Bolivia».
Allí mismo, ante la mirada atónita de la nación y la presencia física de Evo Morales escuchando la lectura junto a su numerosa comitiva oficial, las cámaras del mundo inmortalizaron una postal desoladora: en sus rostros se reflejaba la sorpresa por el estruendoso varapalo jurídico, pero jamás la vergüenza, la hidalguía ni el remordimiento por el tamaño del fracaso. Mucho menos por la ruindad con la que manipularon la fe ciega de todo un pueblo y el sagrado derecho de retorno soberano a las costas del Pacífico.
Esta aciaga efeméride no es un simple recuerdo del calendario; es la conmemoración de la fecha en que se remachó el tercer candado al enclaustramiento nacional. El primer candado se impuso a sangre y fuego con la invasión armada de Chile a Antofagasta el 14 de febrero de 1879. El segundo candado se apretó con la firma del desequilibrado Tratado de 1904, bajo la coacción de las armas. Pero el tercer candado, el más sangrante del Siglo XXI, no vino del extranjero: se forjó desde las entrañas del propio poder público nacional mediante una mezcla letal de ignorancia, improvisación y desmedida ambición política.
El litigio iniciado el 24 de abril de 2013 ante la CIJ —que pretendía obligar a Chile a negociar un acceso soberano sobre la base de «actos unilaterales» y compromisos diplomáticos pasados— fue gradualmente despojado de su naturaleza de causa de Estado. En lugar de una estrategia rigurosa, se contrató a un cuerpo de juristas internacionales con costos millonarios para el Erario público y se montó una gigantesca maquinaria de propaganda interna. Se confeccionaron banderas kilométricas, se organizaron actos multitudinarios y se creó una ilusión desbordada en una ciudadanía históricamente postergada, vendiendo la certeza de un triunfo inminente. Por detrás de esa escenografía, la cúpula gobernante perseguía un único objetivo: instrumentalizar los sentimientos patrios como un vulgar botín electoral para justificar la reelección y la perpetuación indefinida en el poder.
Frente a una defensa chilena que se atrincheró en la intangibilidad del Tratado de 1904, la tesis boliviana se desmoronó estrepitosamente. El veredicto del 1 de octubre de 2018 no solo sepultó las pretensiones de la demanda, sino que le entregó a Santiago un blindaje jurídico internacional definitivo para cerrar de manera permanente toda obligación de negociar.
Al conmemorar esta fecha luctuosa, la conciencia patriótica nos exige no guardar silencio ni resignarnos al olvido. La pérdida de nuestra aspiración marítima en estrados internacionales no puede archivarse como un pleito rutinario en el que simplemente «no pasó nada». La negligencia técnica y la traición a la esperanza del pueblo boliviano constituyen un daño histórico de dimensiones incalculables.
Este aniversario debe servir para recordar que existen responsabilidades concretas. La justicia boliviana y la historia tienen el deber ineludible de procesar y juzgar a los directos responsables de esta debacle diplomática, sentando un precedente definitivo para que nunca más los sentimientos, la dignidad y el derecho soberano al mar de Bolivia sean sacrificados en el altar de la demagogia y la ambición personal.
El autor es periodista.