El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, afirmó que los señalamientos realizados por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, podrían derivar en una investigación judicial y eventualmente en una solicitud de extradición, aunque aclaró que cualquier determinación en ese sentido corresponde a las autoridades estadounidenses.
Estados Unidos incluyó a Mariaca en una medida migratoria distinta a la revocación de visas aplicada a otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos. El Departamento de Estado lo señaló públicamente por presuntamente abusar de sus cargos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Estas son acusaciones formuladas por el gobierno estadounidense y no equivalen, por sí mismas, a una condena judicial.
Justiniano explicó, según ABI, que el Gobierno boliviano busca conocer información oficial que permita complementar los datos difundidos públicamente y establecer qué elementos sustentan los señalamientos.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, se pronunció desde Sucre, sede del Ministerio Público, tras la prohibición de su ingreso a Estados Unidos por denuncias de presuntos vínculos con el narcotráfico.
En un mensaje junto a funcionarios de la Fiscalía, Mariaca denunció injerencia de EEUU y atribuyó su veto a las investigaciones que sigue el Ministerio Público contra el exasesor presidencial Fernando Cerimedo y el caso ‘Gasolina basura’, entre otros procesos.
Entretanto, calificando como un tema delicado que el Gobierno de los Estados Unidos haya determinado suspender el visado de varias autoridades judiciales bolivianas, la jefa de Bancada por la alianza Libre en el Senado, Tomasa Yarhui, propuso que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) conforme una comisión especial de investigación y que todos los involucrados se aparten de sus cargos hasta que concluya la investigación al respecto.