Bolivia requiere construir un gran acuerdo político y social que permita enfrentar la actual crisis económica y establecer una visión de país a largo plazo, afirmó Juan Carlos Núñez, director ejecutivo de Fundación Jubileo, al analizar la situación económica, los efectos de la eliminación de la subvención a los hidrocarburos y su impacto en los sectores más vulnerables de la población.
El director ejecutivo de Fundación Jubileo también expresó su preocupación por los efectos que generan los paros y bloqueos en la población, particularmente en los sectores de menores ingresos. En su criterio, es necesario encontrar mecanismos de diálogo y concertación que permitan resolver los conflictos y evitar que sus consecuencias recaigan principalmente sobre quienes tienen menores posibilidades de enfrentar el incremento de los costos, principalmente de la canasta familiar y las restricciones a la actividad económica que generan este tipo de movilizaciones corporativas.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025, el 44,7% de la población boliviana -equivalente a 5,4 millones de personas- se encontraba en situación de pobreza. De este total, 16,7% de la población –aproximadamente 2 millones de personas- vivía en pobreza extrema.
Frente a esta realidad, Núñez planteó la necesidad de que las medidas económicas y sociales prioricen a los sectores más vulnerables y que la clase política, además de la sociedad en general, asuman la crisis desde una perspectiva de corresponsabilidad. En ese sentido, destacó la importancia de avanzar hacia un pacto social que permita recuperar la capacidad de mirar al otro y comprender que las decisiones adoptadas tienen efectos diferenciados sobre la población.
Otro de los aspectos abordados está relacionado con el gasto de los hogares en combustibles, se concentra principalmente en los sectores de mayores ingresos: el 10% más rico concentra el 30% de este gasto, frente a 5% del 10% más pobre, debido a una mayor tenencia de vehículos.
En contraste, los servicios de transporte representan una mayor proporción del ingreso de los hogares de menores recursos: 6,5%, frente a 1,5% en el segmento de mayores ingresos.
Esta diferencia muestra que, aunque la subvención beneficiaba en mayor medida a quienes tienen mayor capacidad de gasto, su retiro puede generar impactos más significativos en los hogares de menores ingresos a través del transporte y los alimentos.