El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, rechazó la acusación del Gobierno de Estados Unidos sobre presuntos sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos, y sostuvo que ninguna decisión o pronunciamiento externo condicionará el trabajo del Ministerio Público ni las investigaciones que desarrolla.
Mariaca respondió al anuncio del Departamento de Estado estadounidense, que determinó restricciones de visa en su contra y alcanzó también a sus familiares directos. Frente a esa decisión, defendió la independencia de las instituciones bolivianas y sostuvo que las diferencias entre Estados pueden expresarse mediante críticas y desacuerdos, pero no deben interferir en las investigaciones de la Fiscalía.
El fiscal general afirmó que su gestión continuará con los procesos que considera de relevancia y mencionó entre ellos el denominado caso Cerimedo, relacionado con el exasesor argentino del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo. También señaló investigaciones como Narcomaderas y el denominado combustible basura, además de otros procesos vinculados con presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y posibles nexos con el narcotráfico.
Respecto al caso Cerimedo, Mariaca sostuvo que las pesquisas deben continuar pese a las presiones políticas, tanto nacionales como internacionales. Remarcó que la función del Ministerio Público es investigar los hechos para establecer la verdad y que una investigación no implica anticipar una condena o determinar responsabilidad antes de que corresponda.
Asimismo, rechazó que su trayectoria y la de su familia sean afectadas por la decisión estadounidense y defendió la legitimidad de su designación como fiscal general, al señalar que obtuvo el cargo conforme a la institucionalidad boliviana. En ese marco, reclamó que el respeto que Bolivia mantiene hacia las instituciones de otros Estados sea correspondido hacia las autoridades e instituciones nacionales.
Mariaca también marcó una diferencia entre la cooperación internacional y una eventual interferencia en asuntos internos. Sostuvo que Bolivia puede mantener mecanismos de cooperación con otros países, pero bajo condiciones de respeto a la soberanía y a la independencia de sus instituciones.
El fiscal general recordó además el antecedente de 1996, cuando Estados Unidos canceló la visa del entonces presidente Jaime Paz Zamora, padre del actual mandatario Rodrigo Paz, en un contexto de acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico. Señaló que ese episodio debe ser considerado como parte de los antecedentes de la relación bilateral y no como un elemento para profundizar la confrontación.
Frente a la acusación estadounidense, Mariaca sostuvo que continuará ejerciendo sus funciones y que asumirá las consecuencias de defender la independencia del Ministerio Público. Reiteró que las investigaciones bajo su responsabilidad seguirán su curso y que ninguna presión, nacional o internacional, debe impedir el esclarecimiento de hechos denunciados.