De tin marín de do pingüé. Rodrigo Paz sigue gobernando desde Nueva York; Edmand Lara invoca la Constitución y se declara presidente en ejercicio; luego viaja a Paraguay y propone que lo reemplace Diego Ávila. El presidente del Senado responde que no ha asumido el cargo y que Paz sigue al mando. El fiscal general, entretanto, saluda a Ávila como presidente constitucional. La Presidencia de Bolivia empieza a depender de a quién se le pregunte.
El artículo 169.II dispone que, ante la ausencia temporal del presidente, asuma quien ejerce la Vicepresidencia. El Gobierno se ampara en el Decreto Supremo 5675: Paz puede ejercer desde el exterior por medios digitales y la suplencia queda reservada para cuando no pueda utilizarlos. La fórmula, estrenada en el anterior decreto 5515, apareció poco después de que Lara se declarara opositor. Parece hecha a la medida de una relación rota: mientras haya conexión, el vicepresidente puede seguir esperando.
La tecnología permite reunir al gabinete desde otra ciudad. Convertir esa posibilidad en fundamento para condicionar una suplencia constitucional exige más que una buena señal de internet. La utilidad política del mecanismo resulta evidente: Paz puede viajar sin entregar el mando a un vicepresidente en quien no confía. La desconfianza ha adquirido rango de decreto.
Lara aporta su propia improvisación. Reclama la suplencia, anuncia otro viaje y propone que Ávila asuma un mando que el Ejecutivo nunca le reconoció. Una misión oficial puede justificar la salida de ambos; también obliga a coordinar quién ejercerá las responsabilidades durante su ausencia. Eso debía estar resuelto antes de que tomaran los aviones. En cambio, dejaron al país siguiendo declaraciones para averiguar qué autoridad reconoce a cuál.
Leonardo Loza vio una oportunidad. Saludó a Lara como presidente en ejercicio y le pidió abrogar los decretos sobre el diésel y la ampliación del estado de excepción. Su intervención muestra hasta dónde puede llegar el enredo: utilizar una suplencia disputada para intentar revertir decisiones del Gobierno. El desacuerdo entre dos autoridades elegidas juntas ofrece a terceros la posibilidad de escoger a cuál reconocer, según lo que esperen obtener.
Todo ocurre mientras el retiro de la subvención al diésel exige explicaciones, negociación y respuestas sobre sus consecuencias. El país necesita un gobierno capaz de sostener sus decisiones y hacerse cargo de sus efectos. Recibe una disputa sobre quién tiene derecho a tomarlas. La reunión virtual de gabinete muestra que Paz sigue dando instrucciones. Lo que se vacía es la certeza institucional sobre quién está habilitado para darlas.
Paz retiene el mando para que Lara no lo toque. Lara reclama su turno y enseguida busca a quién dejárselo. Dos chiquillos disputándose un juguete, con el Estado entre las manos. La tragedia está en que sus caprichos tienen consecuencias sobre la vida de personas que deben trabajar, alimentar a sus hijos y llegar a fin de mes.
De tin marín de do pingüé. En el juego de los niños, al menos, la canción termina y todos saben a quién le toca.
El autor es expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, docente universitario, analista político.