Nuestro país enfrenta una creciente vulnerabilidad energética. Durante años se destacó que Bolivia contaba con una capacidad de generación eléctrica superior a la demanda; pero esa fortaleza contrasta con la elevada dependencia del gas natural para producir electricidad y con la declinación sostenida de los hidrocarburos.
El desafío energético no está necesariamente en la falta inmediata de capacidad instalada, sino en garantizar los recursos que permiten sostenerla. Bolivia puede contar con suficiente capacidad eléctrica y, al mismo tiempo, enfrentar una crisis de seguridad y sostenibilidad energética asociada al suministro de hidrocarburos.
La energía es indispensable para la producción y la vida cotidiana.
La crisis energética de Bolivia no comenzó cuando faltó diésel en los surtidores. Comenzó años antes, cuando la producción de nuestros grandes campos hidrocarburíferos empezó a declinar y no se incorporaron nuevas reservas con la velocidad necesaria. Hoy esa declinación se traduce en menos gas para exportar, menos dólares para el país y una creciente necesidad de importar gasolina y diésel. A esto se suma el crecimiento de la demanda interna.
Para el sector empresarial, esto afecta la competitividad, porque el costo y la disponibilidad de energía son determinantes para producción, transporte, industria, minería y comercio.
Las cifras muestran la magnitud del problema. La producción fiscalizada de gas natural pasó de 45,12 MMmcd en 2021 a 31,79 MMmcd en 2024 y 27,34 MMmcd en 2025. Para 2026, YPFB proyecta un promedio de 26,66 MMmcd y una producción de hidrocarburos líquidos de alrededor de 21,86 mil barriles diarios.
Esta tendencia confirma una reducción de la capacidad hidrocarburífera precisamente cuando aumenta la necesidad de importar combustibles. Bolivia pasó de ser un importante exportador regional de gas a disponer de volúmenes cada vez menores para los mercados externos. En 2026, las exportaciones hacia Brasil y Argentina llegaron a alrededor de 8,1 MMmcd a agosto, frente a 41,9 MMmcd registrados en 2017.
El problema no se limita a los hidrocarburos. La generación eléctrica mantiene una elevada dependencia del gas natural. Datos sectoriales recientes señalan que aproximadamente tres cuartas partes de la generación eléctrica dependen de este energético, lo que aumenta la vulnerabilidad ante una eventual reducción de su disponibilidad.
Esta realidad demuestra que Bolivia necesita avanzar hacia una matriz energética diversificada. No se trata de abandonar los hidrocarburos, que continuarán siendo necesarios durante la transición, sino de reducir progresivamente la dependencia de una sola fuente y garantizar seguridad energética.
El país cuenta con importantes posibilidades para desarrollar energías alternativas. La hidroelectricidad puede aprovechar el potencial de sus ríos; la energía solar ofrece condiciones favorables en regiones como Oruro y Potosí; la eólica tiene oportunidades en zonas con buenos niveles de viento; y la geotermia constituye otra opción, particularmente en el occidente. También hay posibilidades para aprovechar residuos.
El desafío exige una política de largo plazo que combine exploración hidrocarburífera, inversión privada y pública, seguridad jurídica, nuevas tecnologías y diversificación de la matriz energética. Sin nuevas inversiones y desarrollo de recursos contingentes y prospectivos, Bolivia enfrentará restricciones de abastecimiento en los próximos años.
La modificación del marco normativo para mejorar la rentabilidad de los proyectos exploratorios y ofrecer mayor previsibilidad puede contribuir a reactivar las inversiones. El Gobierno ya planteó modificaciones a la Ley 767 con este objetivo.
Bolivia tiene una gran oportunidad energética: atraer inversión para explorar gas y petróleo, impulsar energías solar y eólica, aprovechar la hidroelectricidad y promover la participación privada para construir una matriz energética diversificada, segura y competitiva. Bolivia debería pasar de una política de “combustibles” a una política de “energía.
La transición energética requiere tiempo y recursos: inversiones, infraestructura, tecnología, profesionales especializados y reglas claras para proyectos de gran escala.
Bolivia tiene recursos naturales y potencial energético. El desafío es convertirlos en producción, inversión y desarrollo. Para ello necesitamos seguridad jurídica y una alianza efectiva entre el Estado y el sector privado. que permita atraer tecnología y capitales.
La seguridad energética debe convertirse en una política de Estado. Garantizar energía suficiente, competitiva y sostenible permitirá atender las necesidades de los hogares, recuperar la competitividad empresarial e impulsar nuevas inversiones para un crecimiento económico sostenido.
El autor es economista, Académico de número de la ABCE y presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).