Ampliar estado de excepción está en manos del Legislativo

Luego que el Órgano Ejecutivo dispuso la ampliación del actual estado de excepción, como forma de garantizar paz social en el país, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, en su calidad de presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), convocó para esta jornada a sesión plenaria del Parlamento nacional para analizar el Decreto Supremo (DS) 5707.
“En cumplimiento de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Ley 1740 del Estado de Excepción, y dentro del plazo establecido por la normativa vigente, se convoca a las Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional a la instalación de la Décima Séptima Sesión Ordinaria, a realizarse el día miércoles 16 de septiembre del año en curso, a horas 16:00”, señala la convocatoria emitida por presidencia de la ALP.
La nota detalla que, en el Orden del Día se encuentra la consideración y tratamiento de la ampliación del plazo de vigencia del estado de excepción dispuesto por el Órgano Ejecutivo.
Ayer, mediante la promulgación del Decreto Supremo 5707 y su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, el Gobierno dispuso ampliar por 90 días el actual estado de excepción en todo el territorio nacional, dicha prórroga se computará a partir de la conclusión del plazo inicialmente establecido en el DS 5636, emitido el 20 de junio de 2026, mismo que fenecerá el próximo 18 de septiembre.
Asimismo, se remitió la normal al Órgano Legislativo para su tratamiento y posterior aprobación o rechazo.
En conferencia de prensa, el vocero presidencial José Luis Gálvez, justificó la necesidad de prorrogar la vigencia del actual estado de excepción, como respuesta a las persistentes amenazas de grupos radicalizados para interrumpir la libre circulación y alterar el orden constitucional del país.
Según el portavoz, de ser necesario un endurecimiento de medidas para garantizar la paz social en territorio nacional y la seguridad de la ciudadanía, no se descarta el uso proporcional de la fuerza y hasta una militarización.
«En la medida que la Asamblea Legislativa apruebe la continuidad de este estado de excepción, que de ser necesario se va a dictar estado de sitio, se va a utilizar la fuerza constitucional, se va a militarizar y se van a conculcar los derechos», dijo Gálvez.
Recordando los duros momentos por los que tuvo que pasar la población boliviana durante las movilizaciones de mayo y junio, señaló que la posición del gobierno es la de garantizar el derecho al trabajo, la libre locomoción y evitar cualquier afectación a la economía nacional.
La semana pasada, a través de un pronunciamiento de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, se hizo un llamado “a todos los actores políticos, sociales e institucionales de Bolivia” a abstenerse de realizar bloqueos prolongados y protestas que afecten servicios esenciales o restrinjan la libre circulación. Asimismo, se enfatizó que proteger la paz social y la democracia exige que todos esos actores se comprometan con medios pacíficos y respeten las instituciones democráticas.
Sobre este tema, una comisión de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para ampliar el tiempo de vigencia del estado de excepción por otros 90 días ante los anuncios de movilización de algunos sectores sociales y como medida para preservar la “reactivación” económica del país.
La OEA además destacó que “Bolivia tiene la oportunidad de avanzar por un camino de diálogo, convivencia democrática y entendimiento nacional y se reitera el firme compromiso de acompañar al país en sus esfuerzos por fortalecer la democracia, preservar el orden constitucional y promover la paz, la estabilidad y la prosperidad de todos los bolivianos”.
Por ello, desde el gobierno nacional se resaltó que el estado de excepción se mantiene vigente ante el riesgo latente de bloqueos que afecten la economía y los servicios esenciales, en consonancia con las recomendaciones de la OEA a través de la Misión de Alto Nivel de dicho organismo, en el que se insta al Estado boliviano a garantizar el derecho a la protesta pacífica sin afectar a otros fundamentales de la población como el derecho a la vida, salud y libre tránsito.
En esa línea, el Decreto Supremo 5707 amplía por 90 días calendario adicionales el estado de excepción por Conmoción Interna en todo el territorio de Bolivia.
La justificación de la medida remarca que persisten los riesgos y, con base en informes de los ministerios de Gobierno y de Defensa, se afirma que “aún existen amenazas de sectores movilizados, peligro de reactivación de bloqueos y protestas que ponen en riesgo el libre tránsito, el abastecimiento de productos básicos y la seguridad de la población”.
En este contexto, para el control legislativo, el decreto se remitió a la ALP para su aprobación, siguiendo la normativa constitucional. Mientras la Asamblea emite su resolución oficial, las medidas excepcionales se mantendrán vigentes de forma temporal.
La madrugada del pasado 20 de junio, el presidente Paz Pereira emitió originalmente el DS 5636 para declarar el estado de excepción en todo el territorio de Bolivia, debido a que el país enfrentaba bloqueos viales continuos promovidos por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Túpac Katari, que cambiaron sus supuestas reivindicaciones sociales por la renuncia del presidente constitucional, apoyados por sectores radicales del “evismo” y el narcoterrorismo.
Las consecuencias de los 53 días de bloqueos fueron devastadoras: 22 personas perdieron la vida al verse impedido el paso de ambulancias, además de registrarse una pérdida económica en el país de más de 2.000 millones de dólares.