La Procuraduría General del Estado (PGE) impugnó la resolución de rechazo dictada en la investigación contra el exprocurador Wilfredo Chávez y solicitó que se valoren nuevamente los elementos colectados, entre ellos un contrato de Bs 5.367.355,90 por actividades que, según la institución, podían ser ejecutadas por la propia entidad y que incluían asesoramiento político ajeno a sus competencias.
La PGE considera que los elementos reunidos durante la investigación requieren una nueva valoración integral. La institución busca que la resolución sea revisada y, de corresponder, se amplíe la imputación formal contra quienes resulten responsables.
Entre los aspectos observados figura un contrato por Bs 5.367.355,90 destinado a la ejecución de actividades que, según la Procuraduría, podían ser desarrolladas directamente por la propia entidad. El documento también contemplaba labores de asesoramiento político, tareas que, de acuerdo con la PGE, no se encuentran dentro de las competencias institucionales.
La Procuraduría sostiene que estos elementos deben ser considerados en conjunto para establecer la responsabilidad que pudiera corresponder dentro del proceso. La impugnación presentada busca dejar sin efecto la resolución de rechazo y permitir que continúe el análisis de los indicios reunidos durante la investigación.
Mientras se cuestiona el rechazo relacionado con Chávez, el proceso avanzó respecto de otra persona investigada. El Ministerio Público emitió una imputación formal por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes.
Para la PGE, este avance procesal forma parte de la investigación de los hechos vinculados a los contratos observados y debe ser considerado junto con los demás elementos del caso.
Con la objeción presentada, la institución pretende que se revisen nuevamente los antecedentes y se determine, conforme al marco legal, si existen fundamentos para ampliar la imputación formal contra el exprocurador y otros posibles responsables. (Con información de agencias)