Las diferencias entre los beneficios anunciados y las disposiciones del proyecto de Ley de Jubileo humanitario podrían generar falsas expectativas entre las personas privadas de libertad, que esperan una eventual salida de los centros penitenciarios. El cuestionamiento apunta a los alcances de la propuesta, las exclusiones por tipo de delito y los requisitos que deberán cumplirse para acceder a sus beneficios.
El abogado penalista y analista Marcelo Ramos Guzmán cuestionó las explicaciones de la presidenta de la Comisión Nacional de Jubileo, Carmen Rosa Millares, sobre los alcances del proyecto de ley y advirtió que se están generando expectativas de liberación automática entre los privados de libertad. En un análisis difundido en sus redes sociales, sostuvo que la propuesta contempla evaluaciones individuales y restricciones que deben explicarse con claridad.
“Los internos piensan que sus procesos van a ser revisados, que las pruebas se van a verificar, si son inocentes o culpables, y en realidad eso no va a suceder”, señaló Ramos, al aclarar que el Jubileo no implica una nueva instancia para revisar de oficio las causas penales ni determinar nuevamente la inocencia o culpabilidad de los condenados.
Entre sus observaciones, mencionó que el artículo 4 incluye a detenidos preventivos y condenados, mientras que el artículo 6 establece que los beneficios no serán automáticos y estarán sujetos a evaluaciones individualizadas. Asimismo, indicó que el artículo 29 contempla delitos excluidos, como terrorismo, genocidio, feminicidio, violación y crimen organizado.
Ramos también cuestionó las explicaciones sobre la reducción de condenas. Señaló que Millares habría mencionado una rebaja de siete años y medio para quienes cumplen sentencias de 30 años; sin embargo, afirmó que el artículo 41 del proyecto establece una reducción de cuatro años. Por ello, pidió aclarar públicamente las condiciones y los alcances de los beneficios.
“No confunda a la sociedad, sobre todo a los privados de libertad”, expresó el analista, quien además cuestionó que se pretenda beneficiar indiscriminadamente a condenados por delitos graves sin considerar a las víctimas y sus familias. No obstante, reconoció que existen denuncias falsas, condenas injustas y personas inocentes en prisión, por lo que consideró necesario diferenciar cada caso.
El jurista destacó como otro aspecto importante la revisión de las detenciones preventivas prolongadas. Mencionó que existen personas que llevan ocho o nueve años privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada y sostuvo que atender estos casos, con medidas que protejan a las víctimas y garanticen la continuidad de los procesos, podría contribuir a descongestionar las cárceles.
Por su parte, Millares, en una entrevista con Radio Panamericana, exigió a la Asamblea Legislativa y al diputado Manolo Rojas acelerar el tratamiento del proyecto, presentado como una medida para aliviar la crisis penitenciaria y beneficiar a sectores vulnerables. La representante afirmó que el hacinamiento carcelario alcanza el 105% y que la iniciativa podría favorecer aproximadamente al 80% de los internos.
Según Millares, cerca de 34.000 personas están distribuidas en 46 recintos penitenciarios del país y alrededor del 40% de la población carcelaria permanece con detención preventiva por más de tres años. Frente a estas cifras, Ramos insistió en que los alcances de la norma deben socializarse con transparencia para evitar que los internos crean que su aprobación supondrá la liberación generalizada de los reclusos.
