El reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) expone una realidad incontrovertible: Bolivia ha sobrepasado en más de 14.000 hectáreas el límite legal de 22.000, fijado por la Ley 906. Este incremento constante de los cultivos de hoja de coca no constituye un simple desfase agronómico o administrativo; representa una amenaza directa a la institucionalidad y a la seguridad del Estado.
Resulta evidente que el volumen producido excede con creces la demanda destinada al consumo tradicional y al acopio legal. La conversión teórica de esta materia prima en cientos de toneladas de cocaína, sumada a la recurrente detección de laboratorios de cristalización y a la interceptación de cargamentos de droga en rutas nacionales, confirma la presencia de una estructura logística que opera al margen de la ley.
La penetración de cultivos ilegales en parques nacionales y áreas protegidas agrava el panorama, vulnerando el patrimonio natural y demostrando la insuficiencia de las labores de erradicación y fiscalización en zonas no autorizadas.
El combate al narcotráfico y el control de la materia prima no admiten posturas tibias ni permisividad. Es imperativo que el Gobierno asuma una estrategia integral, rigurosa y transparente que garantice el cumplimiento irrestricto de la legislación vigente, restituya la autoridad estatal en todo el territorio y resguarde el prestigio internacional de la República.
El autor es periodista.