Problemas del país no se solucionarán con presión

Ante la movilización de algunos sectores que demandan del Gobierno soluciones en el tema hidrocarburos, la senadora por Autonomía Para Bolivia (APB-Súmate), Claudia Mallón, recordó que toda la población boliviana sufre los efectos de la crisis económica, por lo que llamó a pensar y anteponer la estabilidad del país antes que en intereses sectarios.
En criterio de Mallón, las recientes amenazas de la dirigencia cívica cruceña respecto a activar un plan escalonado de movilizaciones y una “autonomía de facto” en caso de que el Gobierno no atienda, hasta el 10 de octubre, temas como la crisis económica, energética y social, solo ponen en peligro la estabilidad que requiere el país para avanzar y poder salir de una situación complicada.
Asimismo, la legisladora representante del departamento de Cochabamba instó a la dirigencia cívica cruceña a reflexionar respecto a la situación del país y considerar que con medidas de fuerzas no solo se afecta a un gobierno o una autoridad, sino a las actividades productivas de una población cuyo único deseo es poder trabajar con normalidad para sobrellevar la crisis.
“En todo caso, lo que pedimos es pensar primero en priorizar la estabilidad y la paz social de todo un país, no se trata solo de un gobierno, se trata de la estabilidad del país en su conjunto, porque absolutamente todos estamos sufriendo los efectos de la crisis económica y el desabastecimiento de combustible”, sostuvo Mallón.
En esa línea, aseguró que la única forma de poder salir de una situación delicada, como país, es con una ciudadanía trabajando mientras sus autoridades gestionan cooperación externa como créditos o apoyo para la implementación de proyectos de desarrollo.
“En este momento, de lo que se trata es de viabilizar estos acuerdos, porque no hay plata en el país. El Movimiento al Socialismo derrochó la plata proveniente de los hidrocarburos y hoy debemos recurrir a préstamos de organismos como el FMI”, agregó la parlamentaria, resaltando la importancia de concretar la llegada de recursos bajo condiciones transparentes y sin ocultar detalles respecto a dichos convenios.
En el tema de la crisis por desabastecimiento de carburantes, Mallón consideró una señal positiva que el Gobierno haya dispuesto la intervención de entidades como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); sin embargo, señaló que estas acciones solo rendirán buenos frutos cuando se establezcan responsabilidades y se sancione a todos los culpables de una deficiente administración del tema hidrocarburos, mismo que ya generó conflictos que algunos sectores aprovecharon para tratar de forzar una ruptura en el orden constitucional.
“Lastimosamente hemos llegado a un punto de 53 días de bloqueos por un conjunto de demandas que no fueron solucionadas. Hoy el Gobierno tiene que sentarse y comprometerse, pero sobre todo demostrar que se tiene capacidad para resolver estos temas”, añadió.
Por lo expuesto, Mallón aseguró que “a través de presiones y amenazas de movilizaciones no vamos a llegar a ningún lado”.
La noche del miércoles, la Asamblea de la Cruceñidad emplazó al Gobierno nacional a atender hasta el 10 de octubre sus demandas vinculadas con la crisis económica, energética y social, advirtiendo que, de no existir respuestas, se activará un plan escalonado de movilizaciones que podría incluir la denominada “autonomía de facto” de este departamento.
El pronunciamiento fue realizado por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, al término de la Asamblea de la Cruceñidad, quien aclaró que las instituciones cruceñas continuarán trabajando para que el Gobierno “recapacite, entienda y comprenda” que la salida a la crisis pasa por un trabajo conjunto entre el nivel central y las regiones.
Entre las principales exigencias figura la restitución de competencias y la transferencia inmediata de facultades y recursos que, según los cívicos, corresponden constitucionalmente a las gobernaciones, municipios y universidades públicas en áreas como salud, educación e infraestructura.
Asimismo, se anunció la exigencia de incorporar el esquema 50/50 en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, cuya aprobación, indicó, comenzará a ser tratada a partir del próximo mes.
En materia energética, los cívicos demandaron la liberación de la importación, distribución y comercialización de combustibles, además de la eliminación de impuestos que permitirían reducir el precio de los carburantes y contener el incremento de la canasta familiar.
Se exigió el fin de los monopolios vinculados al sector de combustibles por la existencia de presuntos hechos de corrupción. La dirigencia cívica planteó, además que los biocombustibles, particularmente el etanol, sean promovidos como una política de urgencia nacional y pidió impulsar la explotación de pozos de crudo para reducir el costo de importación de combustibles.
El presidente del Comité pro Santa Cruz anticipó que, si el Gobierno no atiende las demandas planteadas hasta el 10 de octubre, Día de la Democracia, comenzarán las movilizaciones en las calles cruceñas.
“A partir del 10 de octubre, ese día tan importante, los ciudadanos estaremos en las calles y, si es necesario llegar a un cabildo para que sea el pueblo el que elija el destino de Santa Cruz, así lo haremos”, advirtió el líder regional.