Bolivia se encuentra consternada tras el trágico suceso en el Regimiento de Artillería Antiaérea 2 “Bolívar” en el municipio de Viacha, donde una feroz doble explosión arrebató la vida a nueve personas y dejó más de 80 heridos, sembrando el luto en humildes familias de conscriptos. La magnitud de la onda expansiva, que destruyó la infraestructura militar y causó estragos en viviendas civiles aledañas, demanda una profunda y respetuosa solidaridad con las víctimas, pero, por sobre todo, una respuesta institucional intachable que rompa con el habitual manto de opacidad castrense.
Ante este panorama desolador, es una necesidad exigir una investigación exhaustiva, independiente y transparente por parte de la Policía Boliviana y el Ministerio Público. No se puede permitir que el caso sea absorbido por tribunales militares o sumarios internos destinados al encubrimiento. La sociedad boliviana requiere peritajes criminalísticos civiles, objetivos que determinen las responsabilidades penales de quienes permitieron el almacenamiento de materiales de alta peligrosidad en una zona urbana, poniendo en riesgo la vida de los conscriptos y de toda la comunidad civil.
Resulta insólito y altamente cuestionable el rol del Ministerio de Defensa y del mando militar, cuyas explicaciones preliminares han sido notablemente difusas y evasivas. Pretender reducir semejante catástrofe a la “combustión accidental de material pirotécnico de años pasados” es una flagrante subestimación de la inteligencia ciudadana. ¿Qué hacía una enorme cantidad de fuegos artificiales y explosivos civiles de 2019 guardados junto al armamento bélico y granadas del regimiento? Pero, además, ¿es realmente posible que “material pirotécnico” sea el causante de un desastre de esa envergadura? Las imágenes son estremecedoras: estructuras seriamente dañadas, vidrios rotos y escombros por todas partes.
Los vacíos informativos y las contradicciones de las autoridades solo alimentan la sospecha de negligencia criminal. El dolor de las familias bolivianas exige respuestas claras, no discursos de resignación ni tecnicismos burocráticos para evadir culpabilidades. ¿Qué seguridad tienen los centros militares que almacenan “material pirotécnico” o explosivo?
La ola de escepticismo en la población y en figuras de la oposición no es infundada. Críticos y ciudadanos cuestionan que simples “fuegos artificiales” tengan la potencia necesaria para generar semejante onda expansiva, derribar vigas del cuartel y romper vidrios en un radio de hasta un kilómetro. Incluso se han difundido supuestos partes militares internos que contradicen al Gobierno, sugiriendo que en realidad se trató de la detonación de granadas de artillería o armamento bélico pesado. La imparcialidad y la seriedad con las que la Fiscalía actúe serán fundamentales en este sentido.
La pólvora de la negligencia
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