Otra vez ante anuncios de medidas de presión

Después de que el ciclo de gobiernos del MAS acabara con el resultado de las pasadas elecciones generales, la mayoría de la población esperaba que el nuevo gobierno presidido por Rodrigo Paz Pereira enfrentara con acierto los numerosos problemas dejados por el “masismo” en veinte años en el poder.
Sin embargo, a algo más de nueve meses de su estadía en el poder, el gobierno actual no ha podido hallar soluciones permanentes para diversos problemas y menos ha cumplido con una serie de promesas hechas durante la pasada campaña electoral, como sacar al país de su crisis económica sin recurrir a créditos externos, o hacer realidad el plan 50-50, para distribuir la mitad de los recursos económicos y las obligaciones del Estado entre el gobierno central y los gobiernos departamentales y locales, entre otras.
A esa falta de eficacia y tardanza en aplicar medidas de urgencia, se agregaron hechos escandalosos, como el ingreso irregular de maletas por vía aérea, cuyo contenido se desconoce, el caso Beller-Cerimedo, el intento de sacar del país gran cantidad de oro del país, y otros, que han ocasionado la pérdida de confianza de la población en el actual gobierno nacional.
Lo peor es que graves problemas, como la escasez de dólares, la falta de diésel y su incremento de precio, la depreciación de la moneda nacional, etc., son motivo para que sectores de transportistas, gremiales, campesinos, cooperativistas mineros y otros anuncien el retorno de marchas de protesta y bloqueos de caminos, para que el gobierno de Paz resuelva tales problemas. Pero también se puede deducir que adeptos al masismo tratan de retornar al poder, a pesar de que en veinte años de gobierno han derrochado los recursos provenientes de la venta de gas y han favorecido a sus seguidores con cargos públicos y una serie de reprochables beneficios.
A pesar de tales tentativas para volver a crear convulsión social, en la Asamblea Legislativa no se observa interés para impulsar una Ley antibloqueos, que no solo determine responsabilidades y sanciones, sino que otorgue resarcimiento a los afectados por obstrucción en las carreteras, sin que se haya respetado otros derechos, como al libre tránsito, al trabajo e inclusive a la vida. Y es que en 53 días de bloqueos, entre mayo y junio pasados, ni siquiera se permitió, en algunos casos, el paso de ambulancias que trasladaban pacientes de emergencia. Además hubo más de 20 personas fallecidas, cuyos casos no deberían quedar en el olvido. Tampoco la falta de alimentos en esos días ni las enormes pérdidas económicas ocasionadas.
Asimismo, se requiere esa norma para evitar que dirigentes sindicales con cuestionables intereses políticos, obliguen a participar a integrantes de sus organizaciones en marchas y bloqueos contra su voluntad. Además, algunos representantes laborales son cuestionados por sus elevados sueldos y su declaratoria en comisión por tiempo exagerado.
Finalmente, las carreteras que son propiedad de todos los bolivianos, nunca deberían ser bloqueadas y destruidas por grupos reacios a aplicar otros métodos de lucha.