Las interminables filas de vehículos en los surtidores de diésel y gasolina han dejado de ser una emergencia temporal en Bolivia; hoy se han enquistado como una indignante “nueva normalidad” que hay que ir aceptando con estoicismo o impavidez. Ciudadanos, transportistas y productores agrícolas pierden jornadas enteras de trabajo esperando abastecerse, atrapados en un paisaje de parálisis urbana y rural. Esta degradación cotidiana del derecho a trabajar y circular es el reflejo más descarnado del colapso del modelo económico vigente y de la quiebra técnica e institucional del sector.
Detrás de los surtidores vacíos se esconde el verdadero culpable: la galopante corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Lejos de ser un fenómeno reciente, el saqueo institucional de la estatal petrolera es una herencia directa de las gestiones del MAS, que convirtieron a la empresa más grande del país en un botín político y en una caja chica corporativa para otorgar pegas a los prosélitos y a los amigos. Mientras la población sufre el desabastecimiento, los recientes escándalos, los desvíos masivos de carburantes subvencionados y las denuncias de millonarios negociados en la importación evidencian una estructura mafiosa incrustada que opera con total impunidad.
Ante esta debacle, parches e intervenciones gubernamentales de corto plazo resultan insuficientes. Es una necesidad imperativa realizar una auditoría internacional profunda y forense en YPFB, con el fin de procesar a los corruptos que robaron millones de dólares y de reparar una situación cada vez más difícil. El país tiene derecho a saber a dónde fueron a parar las millonarias ganancias de la bonanza y bajo qué criterios se maneja la cadena logística actual. El secretismo estatal solo alimenta la complicidad con el desfalco y agrava la crisis económica y moral.
Sin embargo, el problema de fondo es estructural y como una bomba de tiempo. Si Bolivia no implementa de manera inmediata un plan agresivo y transparente para explorar nuevos pozos de gas, el desastre será irreversible, pues el país tendrá que comenzar a importar gas. El país que alguna vez pretendió ser el corazón energético de la región se encuentra a un paso de convertirse en un importador neto de gas para su subsistencia básica. Sin exploración real, las filas actuales no serán más que el preámbulo de un inminente apagón nacional.
El gobierno actual todavía está a tiempo de decidir si es la continuidad del MAS o el inicio de una nueva etapa. Hasta ahora, lamentablemente, no ha modificado los cimientos anquilosados del desastre masista; ni siquiera ha puesto parches, solo ha salido del paso con discursos populistas. Pero no debería esperar hasta que la paciencia de la ciudadanía se agote, sino actuar con decisión, con un horizonte claro e ideas, sin pusilanimidad. Además, la Asamblea Legislativa debería a ponerse a trabajar en serio, dejando la politiquería a un lado. Bolivia necesita respuestas concretas.
La “nueva normalidad” de filas y saqueo de YPFB
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