Diputados rechazan agresiones a la prensa

La Cámara de Diputados aprobó una declaración camaral en la que se expresa su firme solidaridad y reconocimiento a los trabajadores de la prensa que fueron víctimas de agresiones, amenazas, hostigamiento y actos de violencia en el cumplimiento de su labor informativa. La iniciativa fue presentada por la Comisión de Derechos Humanos.
“Queda aprobada la Declaratoria Camaral. Remítase al conocimiento del Órgano Ejecutivo”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, durante la 176 sesión ordinaria de esta instancia legislativa.
El documento exige a las autoridades competentes del Órgano Ejecutivo y a las instancias encargadas de la seguridad pública, adoptar de manera inmediata, las acciones y garantías necesarias para preservar la integridad física, la seguridad y el libre ejercicio de la labor periodística en todo el territorio nacional.
La declaratoria también exhorta a los dirigentes, organizaciones sociales y sectores movilizados a respetar plenamente el trabajo de la prensa y el derecho de la población boliviana a acceder a información libre, plural y veraz, y a abstenerse de cualquier acto de amedrentamiento, intimidación o violencia contra periodistas y medios de comunicación.
Finalmente, el texto recuerda que la libertad de prensa y el derecho a la información constituyen derechos fundamentales e irrenunciables para la preservación de la democracia, la convivencia pacífica y el fortalecimiento institucional del Estado de derecho en el país.
En el mes de mayo de la presente gestión, diferentes gremios de la prensa repudiaron los actos de violencia en contra sus afiliados durante la cobertura a los bloqueos y la intervención de policías y militares para el despeje de vías.
Se denunció que los ataques buscaron intimidar y acallar al periodismo, que tiene la función primordial de poner en conocimiento de la ciudadanía lo que acontece en los ámbitos social, político y económico del país.
Desde la Dirección General de Comunicación Estratégica del Estado, se rechazaron las agresiones contra periodistas registradas durante las movilizaciones sociales del mes de mayo y se reafirmó el compromiso de garantizar el pleno ejercicio de la libertad de prensa en el país.