Calificando lo ocurrido en una reciente sesión de la Cámara de Diputados como un acto bochornoso que daña la confianza de los ciudadanos hacia sus representantes en el Parlamento, el diputado por la alianza Unidad, Luis Laredo Arellano, afirmó que haber sido electos mediante el voto ciudadano obliga a legisladores de todas las fuerzas políticas a actuar con dignidad, respetar las reglas democráticas, priorizar el interés general y sobre todo, no repetir viejas prácticas del “masismo” que han perjudicado al país.
“Los hechos ocurridos el 30 de octubre en la Cámara de Diputados fueron bochornosos y dañaron la confianza de los ciudadanos en sus representantes”, expresó el legislador representante del departamento de Cochabamba a través de sus redes sociales.
En criterio de Laredo, las agresiones, gritos y forcejeos, vistos en la más reciente sesión de la Cámara Baja, así como cualquier imposición que desconozca procedimientos y la representación plural, deben ser rechazados desde todo punto de vista, por tratarse de conductas que no corresponden a un congresista y menos a un ente legislativo.
Asegurando que el ejercicio de la violencia para impedir una deliberación respetuosa o desconocer procedimientos y reglamentos internos para imponer criterios, siempre termina comprometiendo la legitimidad de cualquier decisión que se asuma, el legislador cochabambino señaló que dichas conductas deben cuestionarse con firmeza y no justificarse argumentando errores de otro sector.
“Quien conduce una sesión tiene la responsabilidad de garantizar imparcialidad, participación y cumplimiento del reglamento. Quienes cuestionan sus decisiones deben ejercer ese derecho mediante los mecanismos institucionales. La democracia exige respetar las decisiones de la mayoría y garantizar los derechos de las minorías. Ambas obligaciones son inseparables”, apuntó.
En esa línea, remarcó que el bien mayor con el que se debe orientar todo trabajo en el Legislativo debe ser el bienestar del ciudadano, sin que intereses político-partidarios o particulares interfieran en dicha labor.
“Rechazo de manera categórica que la función parlamentaria se utilice para obtener beneficios personales, negociar cargos o satisfacer intereses particulares. Los espacios de responsabilidad pública deben estar al servicio de Bolivia. Subordinar el mandato ciudadano a esas conveniencias contradice la ética y desvirtúa la representación que nos fue confiada”, indicó.
Para Laredo, la independencia de criterio exige reconocer lo correcto, cuestionar lo que está mal y mantener esa conducta sin acomodarla a las conveniencias políticas. Asimismo, existen principios básicos que deben aplicarse a todos, incluso cuando resulte incómodo, esto debido a que nadie puede estar por encima de las normas vigentes.
La semana pasada, tras una polémica sesión de Diputados en la que se eligió a la directiva para la legislatura 2026-2027, en medio de irregularidades que derivaron en gritos, empujones y amagues de pelea, diferentes actores políticos cuestionaron que la disputa por pegas y espacios de poder en el ente legislativo, lleven a parlamentarios a incurrir en viejas prácticas y actos bochornosos similares a la época del “masismo”.
Uno de los principales cuestionamientos al proceder de los legisladores tiene que ver con las formas adoptadas para resolver controversias, en las que se deja de lado el diálogo y se opta por la imposición de criterios o la obstaculización de procedimientos como forma de presión, realidad que pone en evidencia cierto grado de inmadurez política y recuerdan sesiones bochornosas que caracterizaron al anterior período constitucional.
Otro aspecto ampliamente cuestionado es que la vehemencia con la que actúan algunos legisladores al momento defender espacios de poder o atribuirse cargos para beneficiar a sus afines, no sea la misma a la hora defender gestionar normas beneficiosas para el país o pelear por reivindicaciones legitimas de la ciudadanía.
En criterio de Laredo, si existen cuestionamientos relacionados con procedimientos, estos deben esclarecerse por las vías institucionales, y las irregularidades que se comprueben deben corregirse conforme al Reglamento. Las responsabilidades por las agresiones deben establecerse individualmente, con pruebas y respeto al debido proceso.
“Las familias bolivianas esperan una Cámara de Diputados capaz de construir acuerdos, legislar y fiscalizar con seriedad. Cada disputa que desplaza esas tareas posterga las respuestas que necesitan quienes trabajan, producen y sostienen sus hogares”, expresó el legislador, prometiendo seguir impulsando reformas que permitan recuperar inversión, producción y empleo, fiscalizar con independencia y defender el respeto a las reglas democráticas.
“Honrar el voto ciudadano exige coherencia entre lo que prometimos, cómo actuamos y los resultados que entregamos”, finalizó.
