El desabastecimiento de diésel continúa al cierre de agosto, pese a la vigencia del Decreto Supremo 5676, que estableció un precio referencial de Bs 18 por litro para grandes consumidores.
La medida alcanza al 20% de los consumidores y fue rechazada por sectores productores, que advierten que no resolverá la falta de combustible y que el contrabando de diésel subvencionado continuará.
Los gobiernos municipales también cuestionaron el decreto, debido al impacto del nuevo precio en sus presupuestos.
El jueves, alcaldes y representantes de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) se reunieron con el Ejecutivo, que descartó abrogar la norma, pero planteó modificarla.
El ministro de la Presidencia, Miguel Ángel Aramayo, afirmó que el decreto forma parte de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar hacia un acuerdo.
La declaración contradice al exministro de Economía José Gabriel Espinoza, quien había asegurado que los préstamos no tenían ningún tipo de condicionamiento.