La Justicia determinó que el asesor político, Fernando Cerimedo, cumpla seis meses de detención preventiva en Chonchocoro, mientras la Fiscalía profundiza la investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas a partir de dinero y otros elementos hallados durante allanamientos.
La decisión judicial se conoció después de una audiencia de medidas cautelares realizada de manera virtual, en la que la Fiscalía expuso los elementos que sustentan la investigación y la defensa presentó los argumentos para que Cerimedo pueda afrontar el proceso en libertad.
Entre los indicios mencionados por el Ministerio Público están los objetos y recursos encontrados durante los allanamientos realizados en inmuebles vinculados al investigado. El fiscal que lleva adelante el caso señaló que en uno de los operativos se hallaron varios cortes de dinero, un teléfono satelital, cuatro celulares y una vagoneta.
En otro allanamiento, realizado en la zona de Aranjuez, los investigadores encontraron 20 módems y dispositivos con chips. También fue secuestrado dinero en efectivo distribuido en fajos de billetes de 100 dólares, cuyo monto alcanzó los $us 50.000.
Estos elementos fueron presentados por la Fiscalía dentro de la investigación que derivó en la imputación contra el asesor político. La defensa, sin embargo, cuestionó la acusación y sostuvo que los recursos encontrados tienen un origen lícito.
Durante su intervención ante el juez, Cerimedo afirmó que sus abogados ya entregaron documentación para respaldar sus ingresos y aseguró que estos superan el dinero encontrado e ingresado a Bolivia. Explicó que trabaja desde hace unos 15 años como consultor político y asesor de marketing, además de tener empresas en Argentina y Estados Unidos y haber desarrollado anteriormente actividades empresariales en Chile.
El investigado también explicó el motivo por el que llegó a Bolivia después de la victoria electoral de Rodrigo Paz. Según su versión, buscaba establecerse en el país, ampliar sus actividades empresariales y trasladar posteriormente a su familia. Dijo que había iniciado trámites de residencia bajo el acuerdo del Mercosur y que tenía previsto abrir una empresa vinculada al marketing y la comunicación.
Cerimedo vinculó el dinero cuestionado con ese proyecto empresarial. Explicó que los recursos estaban destinados, entre otros fines, al alquiler y equipamiento de oficinas, la contratación de personal y los gastos iniciales necesarios para poner en marcha una nueva operación.
Otro de los puntos abordados durante la audiencia fue la relación de Cerimedo con el presidente Rodrigo Paz. El asesor reconoció que mantiene una amistad con el mandatario, pero negó haber formado parte de la estructura del Gobierno o haber tenido capacidad para tomar decisiones.
Cerimedo sostuvo que su vínculo con Paz estuvo relacionado con su experiencia como consultor político y que se limitó a conversaciones y consejos. Rechazó haber participado en reuniones de gabinete, dado instrucciones a ministros, contratado o despedido funcionarios o intervenido en decisiones del Ejecutivo.
También negó haber recibido recursos del Estado y rechazó las versiones que le atribuyen una influencia directa sobre la administración de Paz. En la audiencia, aseguró que su actividad en Bolivia estaba relacionada con sus negocios particulares y no con el ejercicio de una función pública.
La defensa también se refirió a una tarjeta encontrada durante los allanamientos que llevaba el nombre de Cerimedo junto al logotipo del Ministerio de la Presidencia y lo identificaba como “asesor principal del presidente”. Su abogada, Margarita Arce, afirmó que el documento no constituía una credencial oficial.
Según la explicación de Arce, se trataba de un papel impreso que no había sido autorizado por el Ministerio de la Presidencia ni por Cerimedo. La defensa sostuvo que el documento habría sido elaborado ante una eventual contratación, pero que nunca adquirió carácter oficial.
Este punto había generado cuestionamientos sobre el papel que Cerimedo desempeñaba dentro del Ejecutivo. El exministro de la Presidencia, José Luis Lupo, había negado anteriormente haber autorizado la creación o utilización de un correo institucional para el asesor, así como la emisión de credenciales que lo identificaran como funcionario o asesor formal del Estado.
Durante la audiencia, Cerimedo también cuestionó el origen de las acusaciones que dieron lugar al proceso. Sostuvo que la investigación tomó como referencia publicaciones realizadas en redes sociales y afirmó que uno de los elementos centrales de la imputación era un video difundido en TikTok.
El empresario vinculó esas publicaciones con una disputa personal con Nadia Beller y aseguró que los señalamientos difundidos en redes sociales terminaron afectando tanto su vida personal como profesional. Negó además las acusaciones relacionadas con un supuesto vínculo con hechos delictivos y rechazó las versiones sobre un intento de fuga.
En otro momento de su declaración, Cerimedo pidió afrontar el proceso en libertad. Señaló que estaba dispuesto a cumplir medidas como el arraigo y argumentó que necesitaba continuar trabajando de manera remota para atender a sus clientes y mantener sus actividades empresariales.
Pese a los argumentos expuestos por la defensa, la Justicia determinó la detención preventiva por seis meses. Durante ese periodo, Cerimedo permanecerá en Chonchocoro mientras el Ministerio Público continúa con las actuaciones destinadas a esclarecer el origen de los recursos y los demás elementos incorporados al proceso.