Ejecutivo pide respetar el estado de excepción vigente

Afirmando que una posible ampliación del actual estado de excepción no es una prioridad inmediata para el Gobierno, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que la medida está plenamente vigente y activa para asegurar alimentos, medicinas y el derecho al trabajo, por lo que corresponden sanciones para quienes infrinjan las restricciones dispuestas.
“Todos aquellos que puedan tener molestias pueden protestar, estamos en democracia; pero no pueden bloquear, no pueden hacerle daño al país, esa no es la vía. Si las autoridades que tienen que tomar la decisión ven que fuese pertinente ampliar esa medida, bueno, habrá que hacerlo, yo lo veo en debate; no es todavía una prioridad inmediata”, manifestó Gálvez en declaraciones a Fides.
El portavoz presidencial se refirió a los puntos de bloqueos instalados por algunos grupos como forma de rechazo a la vigencia del Decreto Supremo 5676, el cual elimina la subvención del diésel para los grandes consumidores (Gracos) y fija un precio referencial de 18 bolivianos por litro, señalando que todo problema puede arreglarse por la vía del diálogo y no asumiendo medidas extremas que solo perjudican al aparato productivo y la economía del país.
“Entendemos las motivaciones, la molestia; compartimos la frustración en ese sentido, pero esto no se arregla bloqueando, esto no se arregla haciéndonos daño de nuevo. Además, el estado de excepción está en plena vigencia”, destacó.
El presidente Rodrigo Paz Pereira dictó el estado de excepción el 20 de junio de 2026 mediante el Decreto Supremo N° 5636. La medida se estableció por un período inicial de 90 días, lo que sitúa su fecha programada de finalización para el 18 de septiembre de 2026.
“Y aquel que esté promoviendo bloqueos, que esté actuando en esa dirección, que esté atentando contra la infraestructura del Estado y contra la ciudadanía, tendrá que rendir cuentas ante la ley”, subrayó el vocero gubernamental.
En conclusión, Gálvez remarcó que el Ejecutivo tiene una sólida vocación democrática y reafirmó la disposición al diálogo, bajo la premisa de que la “ley debe cumplirse rigurosamente”.
Esta semana, ante reiteradas amenazas de convulsión social expresadas por algunos sectores y dirigidas desde la región del Chapare, el diputado oficialista Manolo Rojas anunció la presentación de proyecto de ley para extender la vigencia del actual estado de excepción, no solo para prevenir y contener protestas sociales, sino también para colaborar en tareas de reacción inmediata ante diferentes eventos climáticos.
En criterio del legislador paceño, en la actual coyuntura, es vital mantener la paz social en el país, evitando que sectores radicalizados interesados en la ruptura del orden constitucional, capitalicen a su favor las protestas que se vienen anunciando para los próximos meses.
“El cambiar un gobierno democráticamente elegido lo único que va hacer es ahondar la crisis. Yo estoy convencido de que muchos bolivianos que no apoyan al presidente, si apoyan a la institucionalidad y la democracia, estas personas deben estar tranquilas porque varios asambleístas estamos analizando la ampliación del estado de excepción”, dijo.
Según Rojas, la ampliación de esta medida es lo más conveniente para el país, tomando en cuenta todas las amenazas de convulsión social que se han venido anunciando y la necesidad de mantener un estado de emergencia a nivel nacional para tareas de apoyo al sector productivo que se ve afectado por fenómenos climatológicos.