Diputados impulsan reformas a Ley de Gestión de Riesgos

Tras recibir un informe oral por parte del titular en la cartera de Defensa, la diputada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Kattia Arando, en su calidad de presidenta de la Comisión de Política Social de la Cámara Baja, informó que los miembros de esta instancia legislativa, acordaron impulsar la modificación de la Ley 602 de Gestión de Riesgos, en coordinación con el ministro Ernesto Justiniano.
Arando explicó que la modificación normativa tendrá como objetivo fortalecer los mecanismos de prevención, los sistemas de alerta temprana y la capacidad de respuesta del Estado frente a inundaciones, incendios y otros desastres naturales que afectan al país.
Como parte del acuerdo, se determinó que ambas partes sostendrán una reunión el próximo martes 1 de septiembre, encuentro en el que se revisarán las propuestas de modificación a la Ley 602, esto con la finalidad de definir una ruta de trabajo conjunta.
El acuerdo se alcanzó luego de que la autoridad gubernamental brindara un informe oral en respuesta a las preguntas planteadas por la diputada peticionante, Ximena Arispe, con el propósito de atender las necesidades del departamento de Pando y del país ante los posibles efectos del fenómeno climático denominado “Súper Niño”.
Finalmente, se anunció que la Comisión de Política Social revisará la documentación de respaldo presentada por la autoridad gubernamental, para emitir un pronunciamiento correspondiente a la petición de informe oral.
La vigente Ley de Gestión de Riesgos (602) data de noviembre de 2014, regula el marco institucional y competencial para la gestión de riesgos que incluye la reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación y; la atención de desastres y/o emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales.
Asimismo, define y fortalece la intervención estatal para la gestión de riesgos, priorizando la protección de la vida y desarrollando la cultura de la prevención con participación de todos los actores y sectores involucrados.