Parte II
Continuando el análisis del Anteproyecto de Ley de Inversiones, es destacable mencionar previamente que el pasado 20 de agosto de 2026, se presentó el Estudio de América Latina y el Caribe de 2026 por parte de CEPAL, documento que utiliza el PIB como indicador que refleja la tendencia de crecimiento o decrecimiento a nivel global y regional. Éste último, con serias limitaciones de crecimiento con una tasa promedio de 2,3% y en el caso de Bolivia, peor aún al pasar del -1,6% al 0,8%, sin llegar siquiera al promedio regional (2025-2027), según proyecciones.
Lo mencionado ayuda, para entender cuáles son los factores trampa que impiden el crecimiento, y que la propia CEPAL refleja como limitaciones estructurales que impiden disminuir brechas de desarrollo, ingresos y profundización de políticas públicas. A eso, se suman limitaciones internas de los países, como la baja inversión, productividad, menor generación de empleo formal y la persistencia del empleo informal. Ésta última, como limitador clave de la productividad.
Entonces, el factor humano cada vez más es una variable geopolítica de interés, tanto en su formación como crecimiento, que cualquier norma debe considerar si pretende proyectar bases estables para su aplicación en años venideros, fundamentalmente el empleo formal tecnificado.
El anteproyecto busca: restablecer garantías de seguridad jurídica –que como se dijo depende de autoridades y operadores probos, no de una ley solamente–; incentivar inversiones mediante estímulos fiscales vía escala de puntajes; creación de un Sistema Nacional de Inversiones y su Agencia (ANI), pretendiendo reinsertar el arbitraje internacional (limitado por clausulas Calvo ratificados en el propio anteproyecto y presentes en los Arts. 320 y 366 CPE) y, por ende, evitar nacionalizaciones futuras a través de candados legislativos.
Desde el punto de vista jurídico, todos los inversores extranjeros conocen que las leyes no pueden derogar y mucho menos sobrepasar los mandatos constitucionales. De allí que CEPAL, destaca que la IED es adversa al riesgo legal, con el agravante que el anteproyecto, transmite precisamente el riesgo a los inversores, siendo intuitos a éstos, debiendo sortear la seguridad jurídica sometida a autoridades nacionales y sus decisiones, con alto IPC de corrupción.
En el anteproyecto, no son observadas políticas industriales claras para la explotación de minerales estratégicos, tierras raras y energía limpia. Se enfoca en planteamientos genéricos, creyendo que la IED llegará solamente por simplificar trámites (VUI) o brindar supuestos estímulos impositivos. Obviando que, las cadenas de valor deben involucrar sistemas de transferencia tecnológica e impulso a las capacidades de la población y regiones del país, con previsibilidad para lograrlo.
Aún más, el anteproyecto pretende presentarse con neutralidad geopolítica, obviando que las IED están condicionadas a factores externos regionales y globales, como las presiones arancelarias en caso de inversiones foráneas que no respondan a sistemas de seguridad hemisférica en un orden mundial, regido por fragmentaciones geoeconómicas complejas.
El anteproyecto, tampoco observa que en la región la mayor cantidad de problemas judiciales, que Bolivia también adolece, están condicionados no por expropiaciones o nacionalizaciones, sino principalmente por litigios medioambientales, consultas previas fallidas, falta de licencias. Dejando de lado, incorporar estándares de RSE, ESG y otras. Tampoco menciona el Código de Comercio.
En resumen, dejan de lado garantías para: la seguridad logística y de libre transitabilidad (antibloqueo), provisión de energía pues ninguna inversión funciona sin ella, no estimulan las finanzas ni mercados de instrumentos sostenibles y de compensación (que generan miles de millones actualmente), mucho menos incentivan la economía y comercio digital, ni siquiera la provisión de divisas o moneda extranjera la garantizan y buscan delinear contratos, con base en contenidos mínimos, con plazos temporales y sin sujeción a recuperación de la inversión.
Bolivia, hace muchos años denunció TBIs y renunció al CIADI. Confrontando problemas en el pago de laudos arbitrales perdidos, la devolución de divisas a ahorristas e inversores, provisión de hidrocarburos y energía, agua potable y flagelos con escándalos políticos. Factores que, para la diplomacia, inversores, nación y Estados, son relevantes a observar para atraer IED a un país. Es así que, Bolivia requiere inversiones con normas coherentes.
El autor es diplomático e internacionalista.