Permisividad hace que el Estado pierda presencia en el Chapare

Reprochando que las constantes amenazas y llamados a la desestabilización por parte de Evo Morales y sus seguidores sean temas reiterativos en la coyuntura nacional, el diputado por la alianza Libre, Armin Lluta, lamentó la permisividad y lentitud con que autoridades gestionan el cumplimiento de los mandamientos de aprehensión contra el líder cocalero, actitud que provoca que el Estado boliviano pierda presencia en la región de Chapare.
En criterio del legislador representante de la región de los Yungas en el departamento de La Paz, las reiteradas denuncias y amenazas vertidas por la exautoridad solo demuestran el alto grado de temor por parte de una persona que optó por el confinamiento voluntario antes que responder por sus actos ante la justicia.
Para Lluta, el victimismo al que apela Morales para justificar su posición ante sus bases, solo resta valor a sus criticas respecto a la actual administración, la gestión de temas económicos o la coyuntura política.
“Morales debe dejar de ser cobarde, dejar el temor y responder ante la justicia. De la misma forma en que cuestiona y critica, él debe responder a sus dos órdenes de aprehensión”, dijo.
Asimismo, cuestionó la permisividad y la lentitud con que autoridades de gobierno gestionan la ejecución de los requerimientos judiciales pendientes contra el líder cocalero, asegurando que esto lleva que el “evismo” radicalice cada vez más sus manifestaciones, sin el temor de incurrir en delitos graves que les signifiquen algún tipo de proceso.
En ese marco, pidió mayor firmeza por parte de autoridades y administradores de justicia para posibilitar que Morales comparezca ante tribunales de justicia para responder por los delitos que se le atribuyen.
“Que el gobierno deje de ser tímido, que se efectivicen los mandamientos de aprehensión. Lamentablemente en el trópico de Cochabamba no se está respetando la norma y hasta se están entrando civiles a amedrentar a los cuarteles”, observó el parlamentario paceño.
En su criterio, de mantenerse esta situación y se posponga por más tiempo la aprehensión de Morales, se corre el riesgo de que el Estado boliviano vaya perdiendo cada vez más presencia en una región caracterizada por tener fuerte presencia de actividades ilícitas.
“Eso no puede permitirse, lamentablemente está perdiendo poder el Estado (en esta zona del país)”, sostuvo.
El fin de semana, Evo Morales volvió a denunciar un supuesto plan para atentar contra su vida, señalando haber recibido información y advertencias que lo llevaron a reforzar su seguridad personal a través de la movilización forzada de los sindicatos de cocaleros.
Según la exautoridad, personas de su entorno le enviaron mensajes para alertarlo sobre un posible ataque. Entre las recomendaciones que recibió, según relató, estuvo la de extremar precauciones y utilizar un chaleco antibalas.
El exjefe de Estado también afirmó que fue alertado sobre un supuesto operativo cuyo objetivo ya no sería una detención. Según su versión, le advirtieron: “Hacer desaparecer a Evo, ya no es una simple detención”.
Nuevamente, las denuncias del dirigente cocalero no revelaron el origen de las advertencias ni se identificó a los responsables del supuesto plan.
La semana pasada, “evistas” desafiaron el estado de excepción vigente declarándose en “estado de emergencia permanente” en el trópico de Cochabamba, como forma de rechazo al supuesto plan para detener y terminar con la vida de su líder.
Una de las medidas asumidas fue la instalación de una vigilia en varios puntos del Trópico, entre ellos el acceso a la Novena División del Ejército de Bolivia, asentada en Villa Tunari, en la provincia del Chapare del departamento de Cochabamba.
Los movilizados apuntaron a los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y de Defensa, Ernesto Justiniano, de ser los artífices del supuesto plan.
Ante estas acusaciones, el titular de Defensa rechazó categóricamente las versiones del “evismo”, afirmando que cualquier actuación del Estado se desarrollará en el marco de la Constitución, la ley y con pleno respeto al debido proceso.
De esa forma, Justiniano negó haber preparado, ordenado o autorizado alguna acción destinada a atentar contra la vida del expresidente o de cualquier otra persona.
La autoridad remarcó que el cumplimiento de una orden judicial y una acción destinada a atentar contra la vida de una persona son situaciones completamente diferentes.
“Una cosa es cumplir una orden judicial y otra muy distinta inventar un supuesto plan de asesinato”, señaló.