Tras la movilización de autoridades y comunarios del municipio de La Asunta en contra la minería ilegal que opera en inmediaciones del río Boopi, desde la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) se informó que se coordina con la Policía Boliviana y el Ministerio Público, las acciones correspondientes para controlar este tipo de actividades, en el marco de sus competencias y mediante los procedimientos establecidos por la normativa vigente.
A través de un comunicado, la entidad encargada de regular la actividad minera se pronunció respecto a la información difundida mediante redes sociales, apuntando que se encuentra coordinando con las instancias competentes, a fin de evaluar y articular las acciones y medidas que correspondan.
La AJAM reconoció que los recursos operativos con los que se cuenta para ejecutar controles en todo el territorio nacional son insuficientes para atender todas las denuncias recibidas, lo que impide cumplir efectivamente con la misión de luchar contra la actividad minera ilegal.
«La Autoridad considera importante señalar que las limitaciones presupuestarias, logísticas y de recursos humanos constituyen uno de los principales desafíos para el control y fiscalización de posibles actividades mineras ilegales. Actualmente, la institución cuenta con tres vehículos para atender las denuncias y casos en proceso en todo el territorio nacional, una demanda que supera la capacidad operativa disponible», señala la nota.
Asimismo, se apuntó que varias de las intervenciones se desarrollan en zonas de alta conflictividad y riesgo para los servidores públicos, por lo que se requieren condiciones adecuadas de seguridad y coordinación interinstitucional para llevar adelante los procedimientos establecidos, garantizando el debido proceso y la integridad de quienes participan en estas acciones.
El sábado, ante la falta de respuesta a las denuncias realizadas, autoridades y comunarios de La Asunta realizaron una vigilia y luego se trasladaron hasta el sector del río Boopi, donde intervinieron un campamento minero presuntamente ilegal como forma de rechazó a la explotación aurífera en la zona.
Desde la AJAM se indicó que las acciones que correspondan dentro de sus atribuciones y coordinación con las instancias competentes para atender las denuncias, se continuarán desarrollando y se informará oportunamente sobre las actuaciones y resultados que puedan ser comunicados oficialmente.