Vivimos un tiempo en que la desconfianza hacia las instituciones y hacia quienes las representan se ha convertido casi en un estado de ánimo colectivo. En realidad, no es una percepción infundada: detrás de esa desconfianza hay decisiones, silencios y omisiones concretas de personas que, habiendo asumido el compromiso de servir a la colectividad, terminan gobernando para sí mismas o para grupos reducidos de interés. Frente a esto, la sociedad civil tiene el derecho y la responsabilidad de reclamar, de manera constante y sin resignación, que la ética vuelva a ocupar el lugar central que nunca debió abandonar en el ejercicio del poder político.
Se suele pensar que la ética y la política pertenecen a esferas distintas: una al ámbito de las convicciones privadas, la otra al de la gestión pragmática del poder. Así, pues, esta separación es, sin embargo, una simplificación peligrosa. Sin ir más lejos, la filósofa española Adela Cortina lo ha planteado con claridad, al sostener que una política que prescinde de la ética no es solo moralmente cuestionable, sino que resulta simplemente una mala política, porque toda acción de gobierno que ignora el bien común pierde su razón de ser. En este sentido, la ética no es un límite externo impuesto a la política, sino la condición misma que le otorga sentido y legitimidad.
Esta idea encuentra respaldo también en la literatura contemporánea sobre liderazgo, dado que diversos estudios coinciden en que el liderazgo ético supone actuar con responsabilidad moral, promover comportamientos socialmente apropiados y ejercer una influencia positiva sobre quienes son afectados por las decisiones tomadas. Si esto es válido para el liderazgo empresarial o institucional, con mayor razón debería serlo para quienes administran recursos públicos y toman decisiones que afectan la vida de millones de personas.
La evidencia empírica sobre América Latina es elocuente, valga como ilustración, que investigaciones recientes muestran que la corrupción en la administración pública de la región distorsiona la asignación de recursos, deteriora la confianza en las instituciones democráticas y plantea interrogantes profundos sobre la equidad y la justicia política. No se trata de un problema abstracto ni exclusivamente moral: la falta de ética en el ejercicio del poder tiene consecuencias medibles en el desarrollo económico, en la calidad de las políticas públicas y en el bienestar cotidiano de la ciudadanía.
Otros análisis han documentado que la debilidad institucional, la concentración de poder y la falta de transparencia en la gestión pública están en la raíz histórica de buena parte de la corrupción estructural que atraviesa a nuestros países, o sea, este fenómeno no solo afecta el desarrollo económico y social, sino que socava la legitimidad misma de las instituciones democráticas. Cuando los líderes anteponen sus apetitos personales al interés general, la ciudadanía paga el costo en forma de servicios públicos deficientes y democracias debilitadas.
El reclamo de la sociedad civil no es un capricho ni una exigencia utópica; es una condición básica para que cualquier proyecto de desarrollo sea sostenible. Por eso, como han señalado distintos análisis sobre gobernanza, resulta indispensable reforzar la transparencia y la responsabilidad en la administración pública. Esto implica un cambio de paradigma: pasar de concebir el poder como un espacio de acumulación de privilegios individuales, a entenderlo como un servicio orientado deliberadamente al bien común.
Vale la pena subrayar que el propio concepto de bien común se ha ido ampliando con el tiempo. Es más, ya no se lo puede entender únicamente como la suma de intereses inmediatos de la ciudadanía actual, sino que incorpora preocupaciones que antes no formaban parte central del debate público. Entre estas nuevas exigencias destacan la sostenibilidad ambiental, la equidad de género y la defensa de los derechos de las generaciones futuras. Insistir en la ética de los líderes políticos no significa exigir perfección ni pureza moral inalcanzable. En concreto, significa exigir una coherencia mínima entre el discurso público y la acción de gobierno, entre el juramento de servir y la práctica efectiva de la función pública.
Asimismo, implica asegurar que las decisiones sean tomadas pensando en el conjunto de la sociedad. A todo esto, como sociedad civil, no podemos permitirnos normalizar la ausencia de ética en quienes ejercen el poder. Cada vez que se guarda silencio ante una decisión que privilegia intereses particulares, se debilita un poco más el tejido institucional que sostiene la posibilidad misma de desarrollo colectivo. Por el contrario, cada exigencia ciudadana y cada mecanismo de control social contribuyen a construir una cultura política, donde la ética sea el estándar esperado y no una sola excepción.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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