Tras más de 10 días de conflicto con los trabajadores de La Paz Limpia (LPL) y mientras el Gobierno Municipal mantiene un Plan de Emergencia para atender la acumulación de residuos, el concejal Fabián Yaksic advirtió que una eventual rescisión o incumplimiento de las obligaciones contractuales podría derivar en acciones legales contra el municipio, por lo que exigió al alcalde César Dockweiler definir una salida institucional que garantice la continuidad del servicio de aseo urbano.
Según el legislador, la prioridad inmediata debe ser garantizar el retiro oportuno de los residuos sólidos acumulados en distintos sectores de la ciudad y proteger la salud pública de la población paceña. Sin embargo, advirtió que la atención de la emergencia no debe impedir el análisis de fondo del conflicto, el cual debe abordarse dentro del marco jurídico vigente y mediante una evaluación responsable de las obligaciones contractuales, las condiciones económicas del servicio y las alternativas institucionales para garantizar su continuidad.
“Invito al alcalde a que venga al Concejo. Están abiertas las puertas, discutamos el tema de la basura y que nos explique exactamente qué está pasando”, dijo Yaksic.
Sostuvo que el conflicto no se originó con la acumulación de basura observada durante las últimas semanas, sino que se remonta a varios meses atrás, cuando la empresa habría solicitado la revisión de aspectos vinculados a los costos de operación y al equilibrio económico del contrato.
A su criterio, este tipo de controversias debieron ser atendidas oportunamente mediante mecanismos de diálogo y negociación antes de que sus efectos terminaran afectando la prestación del servicio a la ciudadanía.
En ese marco, Yaksic diferenció las obligaciones laborales de la empresa de las obligaciones contractuales que corresponden al Gobierno Municipal y aclaró que cualquier modificación al precio del servicio debe ser analizada conforme a las cláusulas y procedimientos establecidos en el contrato.
“Los trabajadores son una responsabilidad de la empresa y deben ser atendidos en ese ámbito. Pero existe una controversia contractual que debe ser analizada conforme a las cláusulas pactadas entre las partes. La defensa del cumplimiento del contrato no implica la defensa de ninguna empresa en particular, sino la protección de los intereses municipales, la seguridad jurídica y la prevención de eventuales responsabilidades económicas que pudieran afectar al Gobierno Municipal”, indicó.
EN CASO DE RESCISIÓN
Ante una posible recisión de contrato, Yaksic pidió cautela al Ejecutivo Municipal y recordó que esa decisión no puede analizarse de manera aislada, debido a que el contrato contempla otras obligaciones, procedimientos y responsabilidades para ambas partes.
“Todo contrato establece causales de incumplimiento, también derechos, obligaciones y procedimientos que deben ser observados por ambas partes. Por ello, cualquier decisión relacionada con una eventual rescisión debe estar respaldada por criterios técnicos y jurídicos sólidos, considerando además los riesgos que podrían derivarse de procesos judiciales o reclamaciones económicas contra el municipio”, puntualizó.
Además, instó al alcalde explicar cuál es el plan de salida que tiene previsto el municipio para resolver la crisis y garantizar la continuidad del servicio.