En la década de los 90, bajo el modelo del SIRESE (Sistema de Regulación Sectorial), se crearon Superintendencias para desarrollar la función de árbitros y técnicos independientes encargados de fijar reglas claras, fiscalizar y garantizar que los mercados regulados funcionen con transparencia.
Con la Constitución de 2009, se adoptó un modelo de regulación centralizado bajo la premisa de que “el Estado debe recuperar el control total de los recursos estratégicos”. En ese proceso, se sacrificó la independencia del árbitro a cambio de concentrar todo el poder de decisión en el Ministerio del área.
El antiguo modelo de Superintendencias fue reemplazado por un ecosistema de Autoridades de Fiscalización y Control Social. El entramado regulador boliviano es inmenso, pero el caso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) tiene una relevancia singular porque los problemas que la rodean han impactado directamente en la vida cotidiana de los bolivianos a través de colas interminables por diésel, gasolina contaminada, escasez recurrente y conflictos entre operadores públicos y privados.
En el caso de los hidrocarburos, cuando el regulador (ANH) depende del mismo ministerio que opera el regulado (YPFB), el control físico y técnico se relaja para no perjudicar políticamente al gobierno de turno. Si el mercado de combustibles empieza a fallar (como la escasez de diésel o mala calidad de gasolina), la ANH en su papel de regulador y fiscalizador debería sancionar inmediatamente y con dureza a YPFB por fallas logísticas. Sin embargo, dado que el presidente de YPFB y la Dirección Ejecutiva de la ANH responden al mismo ministro, se tiende a priorizar la protección política antes que la penalización técnica.
En este diseño centralizado, la fragilidad regulatoria no es un accidente, es una consecuencia estructural. El diseño actual no busca crear un árbitro neutral para la competencia de mercado; está pensado explícitamente para subordinar el mercado de hidrocarburos al plan del gobierno de turno, asumiendo el riesgo institucional que eso conlleva.
El anuncio del cierre de la ANH, junto con la intervención de YPFB por sospechas de redes de corrupción y fallas logísticas, revela el colapso del diseño centralizado que gobierna el sector energético. El regulador no solo fue arrastrado a las crisis de su propio regulado, ahora desaparece como institución. La incapacidad de la ANH para detectar o frenar el desvío masivo de combustibles expone una falla estructural del modelo regulatorio boliviano.
Con la intervención anunciada de la ANH y su posterior anuncio de cierre, el Ejecutivo asume simultáneamente el rol del operador y del árbitro del sistema energético. La agencia reguladora ya no solo está intervenida, está en proceso de desaparición, lo que borra cualquier línea de independencia entre fiscalización y operación. En este contexto, el ministro de turno concentra el control directo sobre las normas del mercado interno de energía, generando incertidumbre jurídica para más de 90 actores privados que participan en la cadena de hidrocarburos. La combinación de intervención y cierre crea un vacío regulatorio que puede profundizar la crisis de combustibles.
Sin reglas del juego que garanticen neutralidad técnica, cualquier agencia que se cree volverá a reproducir las mismas fallas. Una reforma legislativa que devuelva independencia real al regulador equivaldría a instalar un “seguro contra la arbitrariedad”, condición indispensable para un mercado energético eficiente y para recuperar la confianza de los actores privados y del financiamiento internacional. Sería el paso más contundente para reintegrar al país en los circuitos financieros globales y atraer la inversión privada necesaria para revertir la crisis de combustibles, porque un inversionista serio no invertirá en un país donde se cambian las reglas por decreto supremo y el árbitro del mercado puede ser intervenido o cambiado en cualquier momento.
La crisis del combustible no se resolverá con disculpas reiteradas de ministros o del Presidente, ni cambiando de nombre a la ANH o sustituyendo autoridades, como si el problema fuera de personas. Nada de eso modifica la arquitectura que produjo el colapso regulatorio.
La solución real llegará únicamente cuando la Constitución garantice la existencia de un árbitro independiente capaz de fijar y supervisar reglas claras para todos los operadores. Sin ese cambio estructural, cualquier nueva entidad nacerá tan vulnerable como la que hoy se pretende cerrar.
El autor es economista.