Incremento del precio de diésel pone a prueba economía de Gracos

La aplicación del incremento del precio de diésel con el Decreto Supremo 5676 pone a prueba la capacidad económica de los Grandes Consumidores (Gracos) y analistas apoyan la medida, van por la eliminación de los subsidios para todo el parque automotor. La Anapo y la CAO rechazan el alza del combustible y determinarán medidas en caso de que no se anule.
El economista y docente de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Ernesto Bernal, sostuvo que el Estado otra vez debe quitar los subsidios a los carburantes. A pesar de que ya lo hizo el año pasado, el beneficio volvió por el precio alto del petróleo en el mercado internacional.
El entrevistado señaló que los sectores conocen el problema que se tiene con el diésel, si el gobierno no aplica la suspensión de los subsidios, los problemas de déficits continuarán.
Los Gracos tienen que ver cómo van a llevar a cabo esas medidas que ha tomado el Gobierno, pero lo más probable es que la diferencia lo van a cargar al precio final a los consumidores, pues esta operación provocará que la inflación pase los dos dígitos.
Ayer, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) anunció la realización de un Congreso Extraordinario para el 27 de agosto en la ciudad de Warnes, con el objetivo de tocar el tema de la abrogación del Decreto Supremo 5676.
Mientras la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) rechaza el decreto y considera que la norma castiga al productor sin resolver ninguno de los problemas que se supone debe atacar. Afirma que la medida golpea al pequeño, mediano y grande agricultor, mientras deja intacta la cadena irregular que desvía diésel subvencionado hacia el mercado ilegal.
El nuevo precio de 18 bolivianos por litro, que comprende a quienes adquieren arriba de 120 litros por mes, representa el consumo de un solo tractor pequeño trabajando pocos días. “Rechazamos ese decreto porque castiga al pequeño y mediano productor y no solamente al gran consumidor: golpea a todos los productores que producen alimentos para el país, que poseen desde veinte, treinta o más hectáreas, y que van a tener que pagar casi el doble por el combustible que usan”, enfatizó el presidente de Anapo, Abraham Nogales.
El representante de casi 14.000 productores se soya, trigo, maíz, chía, sorgo y girasol que cultivan suelo cruceño denunció que existe una cadena de comercialización irregular de diésel, que opera desde hace meses sin que las autoridades la hayan desmantelado, y este circuito es el que debería ser objeto de la medida gubernamental para tener una solución estructural al problema de desabastecimiento.
“Nuestros asociados vienen adquiriendo diésel entre Bs 15 y Bs 18 a operadores informales que se abastecen del producto subvencionado a Bs 9,80. Esta cadena ilegal de cisternas, puestos de venta e intermediarios opera a la vista de todos y lleva meses funcionando”, lamentó el presidente de Anapo.
Por otro lado, a través de un comunicado, Anapo enfatiza que el sector productivo representa el 17% del consumo nacional de diésel. Por tanto, la medida no significa la eliminación de la subvención ni tendrá un impacto económico importante en la reducción del presupuesto del Estado destinado a la compra de ese combustible.
Asimismo, la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) expresó su alta preocupación porque hasta la fecha no se ha materializado ninguna norma que resuelva alguna de sus solicitudes para producir mayor cantidad de alimentos, divisas y empleos para los bolivianos.
“Hasta hoy, las medidas adoptadas, como el incremento del precio del diésel, siguen golpeando a nuestro sector y en contrapartida no recibimos nada para mitigar estos efectos que pueden ocasionar que la producción disminuya”, señala el comunicado de Confeagro.
En ese contexto, también piden la abrogación del Decreto Supremo 5676, la liberación de la importación y comercialización de carburantes y la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Transacción (IT) de la comercialización de carburantes.