Exilios dorados y diplomacia de cuotas

La reciente aprobación en el Senado de las designaciones de José Luis Lupo y Luis Fernando Camacho como nuevos embajadores de Bolivia ante la OEA y Paraguay, respectivamente, reabre una vieja herida en la institucionalidad del Estado boliviano. El nombramiento de estas exautoridades confirma que, para el gobierno actual, las legaciones diplomáticas continúan siendo utilizadas como fichas de canje político en lugar de espacios de alta y especializada representación. Al igual que el de la obsecuencia de la justicia, en Bolivia este problema siempre estuvo presente, y todos saben que en épocas del llamado Proceso de Cambio los asuntos en temas de servicio exterior llegaron a un punto crítico; sin embargo, lo deseable sería que este tipo de rasgos característicos de la política boliviana comenzara a variar para bien.
Tanto Lupo como Camacho carecen de una trayectoria en el servicio exterior. Ninguno es diplomático de carrera ni especialista acreditado en relaciones internacionales, historia, derecho internacional o geopolítica. Sus perfiles, eminentemente partidarios y domésticos, responden a pactos, equilibrios de gabinete y lógicas electorales, pero de ningún modo a las exigencias que impone la defensa de los intereses soberanos del país en el cada vez más complejo escenario multilateral contemporáneo.
Ante este panorama, cabe formular una pregunta incómoda, pero inevitable al Ejecutivo: ¿para qué sirve contar con una Academia Diplomática Plurinacional? Si el personal del servicio exterior (en este caso, nada menos que dos embajadores) se designará sin criterios técnicos o de trayectoria en el área, ¿para qué los bolivianos pagan por una institución que se dedica a formar diplomáticos?
Es, pues, un contrasentido mantener una institución dedicada a la formación rigurosa de profesionales si, en el momento de asignar las jefaturas de misión, el mérito académico se descarta por completo y sigue primando el criterio de la cuota o el amiguismo. Entonces la existencia de la carrera diplomática se reduce a una simulación o incluso se convierte en una pérdida de tiempo, cuando para los puestos más relevantes del servicio exterior son elegidos con criterios de cuota política y favores de turno.
Al final, el Estado perpetúa la nefasta tradición de premiar a sus operadores con «exilios dorados». En el imaginario colectivo, y con sobrada justificación fáctica, todos saben que ser embajador boliviano supone gozar de una vacación pagada en el extranjero a costa de los impuestos ciudadanos. Mientras el país exige austeridad y profesionalismo para salir de sus crisis, la diplomacia se sigue rebajando a un simple botín gubernamental para distribuir pegas y sinecuras. ¿Llegará el día en que los gobiernos de Bolivia institucionalicen el servicio diplomático, dotándole de la seriedad que requieren las negociaciones internacionales y la formulación de una sólida política exterior? El servicio exterior boliviano debe dejar de ser un botín para contentar a los aliados políticos, para convertirse en un servicio estatal eficiente y con altura intelectual y ética.