Estados Unidos sancionó al presidente de la Corte Penal Internacional (CPI) y a un fiscal encargado de investigar los crímenes cometidos por Israel durante su guerra en Gaza.
Las nuevas sanciones fueron anunciadas por Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, quien calificó a la CPI, con sede en La Haya, como un “tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que abusó maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en sus funciones”.
Rubio anunció que Estados Unidos sancionaría a Tomoko Akane, de Japón, presidenta de la CPI, y a Abdoulaye Seye, de Senegal, abogado litigante sénior de la CPI, porque habían “participado directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacionapara investigar, arrestar, detener o enjuiciar a funcionarios cuyo gobierno no ha consentido la jurisdicción de la CPI”.
El mes pasado, el Departamento de Estado dio a conocer una iniciativa para “desmantelar la amenaza” que supone la Corte Penal Internacional para la soberanía de Estados Unidos.
El objetivo final era “inhabilitar la capacidad de la CPI para operar, atacar a militares o funcionarios estadounidenses o amenazar de cualquier otro modo la soberanía estadounidense”, sostuvo el departamento en un comunicado.
Además, pidió a los 125 países miembros de la CPI que se retiren del organismo. Donald Trump declaró que tiene a la CPI en la mira debido a la amenaza que representa para Israel.
Estados Unidos ya había sancionado a Karim Khan, fiscal de la CPI, quien había obtenido con éxito órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y contra el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Gaza. En 2025, Trump sancionó a la Corte, declarando en una orden ejecutiva que esta había “llevado a cabo acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado Israel”.
Rubio no especificó en qué gestiones habían participado los dos funcionarios de la CPI; sin embargo, los medios israelíes informaron de que Seye también está supervisando la investigación sobre la financiación israelí de los asentamientos ilegales y la distribución de armas a los colonos en Cisjordania.
En mayo, funcionarios israelíes advirtieron a los medios locales que la Corte Penal Internacional podría solicitar cinco órdenes de arresto más contra ministros y altos mandos militares implicados en actos de violencia contra los palestinos en Cisjordania.
Estados Unidos ya designó al menos a 11 funcionarios de la CPI para la imposición de sanciones, derivadas de casos que también incluyen investigaciones sobre las acciones de soldados estadounidenses en Afganistán.
Ni Estados Unidos ni Israel son estados miembros de la CPI ni reconocen su jurisdicción.
La semana pasada, cuatro organizaciones de derechos humanos demandaron a Trump por atacar a la Corte Penal Internacional. En la demanda, argumentaron que las sanciones impiden que las víctimas de crímenes de guerra busquen justicia. (The Guardian)
Estados Unidos sanciona al presidente y fiscal de la CPI
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