Alarcón plantea ley para reforma parcial de la CPE

Asegurando que el texto de la actual Constitución Política del Estado (CPE) contiene “candados” que imposibilitan implementar los cambios estructurales que requiere el país para superar la crisis, el asambleísta nacional por La Paz, Carlos Alarcón, presentó un proyecto de ley para la reforma parcial de la Carta Magna en temas como el modelo económico, seguridad jurídica y sistema judicial.
Según Alarcón, el actual texto constitucional contiene por lo menos 18 candados normativos que impiden hacer los cambios estructurales que se necesitan para revertir el “Estado tranca”, abrir espacio para las inversiones y garantizar seguridad jurídica.
“Con esto vamos a perder los próximos cuatro años, la ruina económica del país se va profundizar, no vamos a lograr atraer grandes inversiones en los sectores más importantes como hidrocarburos, litio, minería y otros”, sostuvo el legislador, alertando que se deben asumir decisiones urgentes antes de ingresar en un colapso energético total.
Asimismo, cuestionó aquellos criterios que se niegan a tocar el texto constitucional heredado de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y optan por la aprobación de leyes para implementar cambios estructurales en el funcionamiento del Estado boliviano.
En esa línea, Alarcón informó haber presentado ante la Vicepresidencia del Estado un proyecto de ley para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, tomando en cuenta que este tipo de normas deben ser tratadas por el pleno del Parlamento y no de forma separada en cada cámara legislativa.
“Se plantean reformas específicas a través de una ley de la Asamblea para ser aprobada por dos tercios de votos, que desmantele todos estos candados del modelo económico ‘hiperestatista’ y sobre ideologizado del MAS, que nunca debió haberse incluido en una Constitución y que ahora son los candados que están destruyendo el futuro del país”, explicó Alarcón.
El legislador paceño detalló que su propuesta también plantea la eliminación de las elecciones judiciales, para que la elección de altas autoridades de justicia, así como otros cargos estratégicos, sean nuevamente designados en base a la meritocracia y la eficiencia profesional.
La propuesta normativa presenta la inclusión de un artículo “412” en el texto constitucional, mismo que dispondrá la “desconstitucionalización” de 30 artículos, “cuyos contenidos podrán ser modificados, regulados y derogados por leyes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), sancionadas por dos tercios de votos de los asambleístas presentes en la respectiva sesión”.
“Estos artículos tienen que ver con todos estos candados que nos impiden atraer las grandes inversiones que necesita el país, entre ellos la prohibición de los arbitrajes internacionales, la otorgación de derechos y contratos precarios a los inversionistas, las facultades ‘todopoderosas’ del Estado frente al socio estratégico. El candado principal tiene que ver con el régimen genérico sobre los recursos naturales con el que cualquier boliviano puede ser procesado por traición a la patria”, dijo.
Además, un artículo “413”, prohibirá todo tipo de expropiación, nacionalización, estatización y reversión de inversiones nacionales y extranjeras bajo cualquier forma o modalidad, disponiendo que todo tipo de controversias con inversionistas serán decididas por métodos amistosos alternativos, por la jurisdicción nacional o por jurisdicción arbitral internacional, instancias pactadas previamente entre las partes.
“Esta es la verdadera garantía que debería estar en la Constitución”, afirmó Alarcón, agregando que una disposición derogatoria dejará sin efecto los artículos que hablan de “traición a la patria” relacionada al régimen de recursos naturales, además de las prohibiciones al arbitraje internacional.
Esta semana, luego que el Órgano Ejecutivo remitió a la ALP el Proyecto de Ley de Inversiones, parte del paquete normativo de reformas estructurales que el Gobierno plantea para salir de la crisis, varios legisladores señalaron que el mejor camino para modificar el funcionamiento del Estado boliviano, es a través de una reforma parcial a la Constitución, misma que de paso a la aprobación de leyes enfocadas en la captación de inversiones.
Parlamentarios como el cochabambino José Maldonado señalaron que el texto constitucional deberá ser abierto en algún momento, esto para agilizar los cambios estructurales que requiere el país para superar su actual situación.
“La Constitución tiene que abrirse en algún momento y más aún cuando se plantea un paquete de leyes. Lo que se debe buscar es garantizar seguridad jurídica, estabilidad social, seguridad ecológica y hasta seguridad para el abastecimiento de combustibles y libre tránsito”, enfatizó.