Parches legales frente a murallas constitucionales

El envío del proyecto de Ley de Inversiones por parte del Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional abre un debate urgente sobre el futuro económico de Bolivia. Aunque la propuesta busca proyectar una imagen de seguridad y certezas, surge un interrogante ineludible: ¿será viable este andamiaje normativo sin una reforma constitucional previa? Analistas y líderes políticos advierten que el marco legal ordinario colisiona directamente con restricciones ideológicas rígidas. En sectores estratégicos como hidrocarburos y minería, el texto constitucional actual limita severamente la libertad contractual internacional. En este contexto, el legislador de Unidad Carlos Alarcón ha sido incisivo al respecto al advertir: “He identificado 18 candados en 18 artículos de la parte especial de la Constitución”. Así, pretender atraer capitales e inversores de alta calidad manteniendo estas trabas constitucionales equivaldría a intentar abrir una puerta blindada con una llave de plástico.
A estas barreras dogmáticas se suma el factor de la realidad beligerante en la que se debate constantemente Bolivia. Pues ninguna ley, por más perfecta que sea su redacción en el papel, posee el poder mágico de eliminar el riesgo de un país profundamente fragmentado e inestable. Los inversionistas globales no buscan meras declaraciones de buena fe ni leyes garantistas, lo que demandan es estabilidad fáctica en las carreteras, previsibilidad operativa, paz social y una justicia que opere de manera correcta. En una plaza donde la protesta violenta y los bloqueos asfixian periódicamente la productividad, el capital internacional optará por destinos menos hostiles. Ya que las inversiones privadas son cuestión de probabilidades y márgenes de ganancia, los inversores pensarán dos y hasta tres veces antes de poner su dinero en un país tan inestable como Bolivia.
Y a todo esto se suma el obstáculo definitivo, que radica en la institucionalidad y del Órgano Judicial. ¿Qué corporación o empresa seria arriesgará millones de dólares sabiendo que cualquier controversia será dirimida por una justicia parcializada, carente de independencia y sumisa al poder político de turno? La justicia boliviana, degradada a niveles inverosímiles en épocas del MAS, es una de las peores de la región, y poco o nada se ha hecho por mejorarla. En parte por negligencia e ignorancia de los políticos, en parte por falta de voluntad de los mismos jueces y fiscales, que no tienen intenciones de dejar la corrupción.
Sin arbitraje internacional de confianza y sin tribunales transparentes, la nueva ley corre el riesgo de nacer muerta, quedando reducida a un paliativo superficial que no resolverá la crisis de fondo. Más allá de estos obstáculos, hay que tomar en cuenta los acuerdos políticos que son necesarios en la Asamblea Legislativa, para los cuales se necesita inteligencia, patriotismo y sentido de oportunidad, elementos que parecen ser escasos en los legisladores actuales, muchos de los cuales parecen ser palurdos sin algún tipo de instrucción en temas políticos, y acaso en ningún otro.