Bolivia busca atraer más inversión nacional y extranjera con un nuevo proyecto de Ley de Inversiones, que plantea simplificar trámites, ofrecer mayor previsibilidad jurídica e incorporar incentivos tributarios y arancelarios.
El proyecto también contempla una Ventanilla Única digital y mecanismos para facilitar la transferencia de dividendos y utilidades, previo cumplimiento de las obligaciones legales.
El objetivo llega en un contexto de baja inversión extranjera.
Según el análisis del economista Fernando Romero, con datos de la CEPAL, Bolivia recibió 620 millones de dólares de inversión extranjera directa en 2025, equivalentes al 0,32% de los 194.233 millones captados por América Latina y el Caribe.
Para Romero, sin embargo, el desafío no se resuelve únicamente con incentivos.
La escasez de divisas, la incertidumbre cambiaria, el déficit fiscal, la conflictividad social, los bloqueos y la percepción de inseguridad jurídica elevan el riesgo para los inversionistas. Su diagnóstico es que el principal problema es la falta de confianza.
El proyecto puede mejorar la seguridad jurídica y reducir la burocracia, pero el propio análisis advierte que una ley no puede crear dólares, estabilidad fiscal ni paz social.
Por ello, su impacto dependerá de que estas medidas estén acompañadas por estabilidad cambiaria, consolidación fiscal, seguridad jurídica efectiva y una reducción de la conflictividad.
Romero señala que, si estas condiciones se cumplen, Bolivia podría recuperar gradualmente la confianza y aumentar su inversión extranjera en los próximos años.
Pero si las condiciones actuales se mantienen, la inversión podría continuar en niveles bajos.