Santa Cruz bajo el fuego del sicariato

Santa Cruz vive una escalada de terror con balaceras y ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico transnacional. Esta violencia es consecuencia de dos décadas de tolerancia estatal bajo el “Proceso de Cambio”, que fue obsecuente con el crimen y la delincuencia. La inacción institucional y la desconcertante admisión policial de no poder garantizar la vida reflejan un Estado desbordado, un Estado que, al cumplir 201 años como país independiente, se encuentra, como se dice, coqueteando con ser un Estado fallido.
Las recientes balaceras, ejecuciones con estilo del sicariato y disputas territoriales entre mafias extranjeras en suelo cruceño no son hechos fortuitos. Representan la factura acumulada de casi veinte años de políticas gubernamentales del denominado “Proceso de Cambio”, cuyo modelo toleró y expandió los dominios del narcotráfico bajo una mirada cómplice o negligente. La complacencia y el control blando de los corredores de la droga transformaron a Bolivia de un simple país de tránsito en un eslabón productivo y logístico del crimen regional. Así, es pertinente preguntarse si Bolivia se ha convertido en una especie de hub del narcotráfico.
Aplicando la lúcida lectura del politólogo Franklin Pareja sobre la “corporación política transnacional”, entendemos que el crimen organizado no actúa en el vacío ni como un fenómeno marginal. Opera con una lógica corporativa y sistémica que penetra e instrumentaliza las estructuras del poder formal, debilitando la soberanía de las instituciones democráticas. Cuando el Estado se descompone desde adentro por redes de protección e impunidad, el territorio queda a merced de cárteles que imponen su propia ley a sangre y fuego. ¿Qué más tiene que suceder para que la Policía responda con la misma fuerza que usan los criminales?
Lo más grave de esta crisis no es solo el eco de los disparos en las calles, sino la claudicación oficial de quienes tienen el mandato constitucional de protegernos. Que altos mandos de la Policía Boliviana admitan cínicamente que no pueden garantizar que no habrá más muertos equivale a una confesión de bancarrota moral y operativa. Una fuerza del orden que renuncia a custodiar la vida se convierte en espectadora pasiva de la tragedia, dejando a la ciudadanía en la absoluta intemperie frente al avance del terror criminal.
Y ya que el Estado no puede, a través de la Policía, garantizar que no habrá más muertes, ¿no debería aquel utilizar el mecanismo de estado de sitio o excepción, ya que esta medida se usa como último recurso cuando las fuerzas del crimen o el desorden ponen en riesgo la prevalencia de la democracia o el orden? El gobierno debe poner freno a esta seguidilla de tiroteos y asesinatos, que son el resultado de la permisividad del populismo de Evo Morales y Luis Arce, personajes que resquebrajaron las instituciones sometiéndolas a la corrupción y la incapacidad y, tal vez indirectamente, permitieron el ingreso masivo de narcos en el país.