El abogado penalista, Harold Yessid Alcázar Chávez, en contacto con el Decano de la Prensa Nacional planteó que el Senado debe rechazar el proyecto de Ley Brisa antes de su aprobación, al advertir que la norma presenta riesgos constitucionales por posibles afectaciones al debido proceso, la presunción de inocencia, la seguridad jurídica y la proporcionalidad de las penas, además de generar cambios en la aplicación de figuras penales y sus consecuencias judiciales.
Alcázar explicó que una de las principales observaciones al proyecto está relacionada con la modificación de figuras penales y el impacto que tendría en la aplicación de las sanciones. Señaló que la eliminación del estupro para que determinados hechos sean procesados directamente como violación modificaría la forma en que se analizan estos casos, debido a que ambos delitos tienen diferencias en cuanto a sus penas y características jurídicas.
El abogado sostuvo que el problema no está en la protección de las víctimas, sino en que cualquier reforma penal debe permitir que cada caso sea evaluado de manera individual, considerando las circunstancias del hecho y evitando que se establezcan sanciones sin una valoración integral.
En ese sentido, advirtió que la aplicación de penas más altas sin una diferenciación adecuada podría afectar el principio de proporcionalidad, que forma parte de las garantías del debido proceso.
Otro de los aspectos observados por Alcázar es la modificación de las reglas de prescripción. Explicó que la incorporación de la imprescriptibilidad en determinados delitos genera un debate sobre la aplicación temporal de la ley penal, debido a que una persona debe ser juzgada bajo normas conocidas y vigentes al momento en que ocurrieron los hechos.
A criterio del jurista, este tipo de cambios pueden generar inseguridad jurídica para quienes sean sometidos a procesos penales, debido a que una nueva normativa podría tener consecuencias más gravosas respecto a hechos ocurridos anteriormente.
El abogado también alertó sobre una posible afectación a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa. Explicó que una denuncia debe dar lugar a una investigación, pero que la responsabilidad penal de una persona debe determinarse únicamente después de un proceso donde pueda presentar sus argumentos y pruebas.
“Basta la simple declaración de uno para que te ingresen a un proceso penal”, afirmó Alcázar, al advertir que una denuncia puede activar un proceso con consecuencias personales, económicas y sociales antes de que exista una sentencia.
Además, señaló que la exposición pública de este tipo de casos puede generar una condena social anticipada contra personas que todavía no fueron declaradas responsables por la justicia. Explicó que esta situación puede afectar derechos relacionados con la dignidad, reputación y entorno familiar de los investigados.
“Ya hay una condena social, una muerte civil, porque muchas de estas personas van a estar mostradas como unas figuras de condenas sobre la Ley Brisa”, manifestó.
Finalmente, Alcázar planteó que el Senado debe revisar el proyecto antes de aprobarlo y consideró que la norma debería ser rechazada en su actual versión para posteriormente ser modificada y adecuada al marco constitucional boliviano.
El abogado señaló que la protección de las víctimas debe mantenerse, pero que una norma penal también debe respetar las garantías fundamentales de todas las personas que puedan ser sometidas a un proceso.
“Esta propuesta debería ser rechazada para que posteriormente pueda ser modificada y adecuada a la realidad social boliviana, porque esta ley no responde completamente a nuestro contexto, sino que es una copia de normas de otros países”, concluyó.