Los programas de ajuste con el Fondo Monetario Internacional (FMI) son políticamente evitados y técnicamente inevitables. Aunque en campaña electoral ningún candidato asume el costo social de corregir las distorsiones fiscales, cuando llegan al poder todos enfrentan la misma ecuación: sin ajuste no hay estabilización, y sin estabilización no hay crecimiento. Si bien las herramientas de focalización mitigan el impacto en los sectores vulnerables, no lo eliminan. Por ello, el ordenamiento macroeconómico sigue siendo la verdad más incómoda de la política económica.
Actualmente, todos los programas modernos del FMI (como los aplicados recientemente en Ecuador o Argentina) incluyen cláusulas obligatorias llamadas suelos de gasto social. El Fondo exige explícitamente a los Gobiernos mantener o incrementar los bonos y redes de protección para los sectores más vulnerables como condición para seguir desembolsando los recursos.
En el comunicado del FMI del 29 de julio de 2026, se señala que el programa acordado con Bolivia incluye medidas para proteger a los hogares más vulnerables dentro de una agenda de reformas estructurales. La referencia a “protección de los hogares vulnerables” y “fortalecer las redes de protección social” implica que cualquier reforma de subsidios será focalizada, no eliminada.
En la práctica, focalizar significa reducir gradualmente los subsidios generalizados y reorientarlos solo hacia grupos vulnerables mediante transferencias directas o tarifas diferenciadas para transporte, suministros de energía o alimentos.
El crédito de $us 500 millones del BID aprobado recientemente, destina el 3% a la creación del Registro Social de Hogares (RSH) para la focalización del gasto, es decir unos $us 15 millones que cumplirán un rol estratégico de contención social ante un escenario de reformas estructurales, que se estima beneficiarán aproximadamente a 1 millón de personas en situación de pobreza o vulnerabilidad.
Los RSH se han convertido en la herramienta estándar recomendada por organismos internacionales para gestionar crisis y reformas fiscales. El objetivo es funcionar como un “muro de contención” social. Cuando un país ejecuta programas de estabilización económica, los subsidios generalizados, como los de carburantes o alimentos, deben eliminarse o, al menos, reducirse de manera significativa para corregir el déficit fiscal.
Esa racionalización provoca aumentos de precios y una inflación transitoria pero intensa, que es lo que la población percibe como el golpe del ajuste. Los recursos de los subsidios focalizados se destinan prioritariamente a pobreza extrema: familias cuyos ingresos no alcanzan para cubrir el costo de una canasta básica de alimentos y pobreza moderada: hogares que cubren su alimentación, pero no alcanzan a pagar servicios básicos como salud, educación, vivienda o vestimenta. El objetivo es evitar que las familias más vulnerables caigan en el hambre o la desnutrición severa.
Levantar la infraestructura del RSH requiere un despliegue operativo grande: Cruce masivo de datos, encuestas y montar un sistema informático para que el 100% de las ayudas futuras pasen por el sistema financiero. En resumen, esos $us 15 millones representan el diseño de la red de seguridad social que le permitirá al Gobierno amortiguar el costo social de la crisis y de las reformas fiscales. De esta manera, si los efectos de la inflación o el ajuste golpean con fuerza, el Ejecutivo tendrá una herramienta lista para identificar y depositar de manera directa y bancarizada nuevos bonos y subsidios.
Sin embargo, el mayor costo social de los ajustes estructurales recae sobre la clase media-baja, que no recibe compensaciones focalizadas y absorbe el impacto completo: gasolina más cara, transporte más costoso, pérdida del poder adquisitivo y deterioro acelerado de sus ahorros. Es este sector el que experimenta el empobrecimiento más rápido cuando el ajuste no cuenta con un sistema de protección social bien diseñado.
La clase media-baja queda atrapada en el «efecto sándwich»: formalmente demasiado «rica» para acceder a las transferencias focalizadas, pero extremadamente vulnerable ante el impacto del ajuste. Si el Gobierno pretende evitar su empobrecimiento acelerado, debe acompañar la racionalización de subsidios con medidas temporales específicas: tarifas de servicios diferenciadas, protección del pequeño ahorro y compensaciones al transporte público. Sin estos amortiguadores, el programa económico no solo será socialmente costoso, sino políticamente riesgoso debido a un eventual estallido social que haría fracasar todo el programa de ajuste.
El ajuste macroeconómico es ineludible, pero conlleva un costo social. Si bien el sistema de focalización es una herramienta útil para amortiguar el impacto en la pobreza extrema, resulta insuficiente por sí solo. Es imperativo diseñar de forma paralela políticas específicas de contención para la clase media-baja; de lo contrario, al quedar este sector desprotegido y absorber el golpe más duro, la viabilidad política del programa estará en riesgo. El éxito de las reformas fiscales dependerá de la capacidad del Gobierno para no cruzar la delgada línea roja del costo social.
El autor es economista.