El parche, finalmente, no aguantó más. La reciente fluctuación cambiaria y el ajuste porcentual en nuestra moneda no responden a un simple mal cálculo de los últimos meses. Son el choque frontal contra una pared que veníamos ignorando: el agotamiento definitivo de un modelo basado en los hidrocarburos. Los ciclos económicos tienen un principio y un final, y hoy nos toca pagar la factura de un espejismo que duró dos décadas.
Durante la gestión pasada del Movimiento al Socialismo, se administró la bonanza económica como si el gas fuera eterno. En lugar de aprovechar los ingresos extraordinarios para diversificar la matriz productiva con una visión de Estado sostenible, se priorizó el cortoplacismo político. Nos vendieron la ilusión de un milagro blindado mientras se desatendían las bases operativas de la industria y la agroindustria nacional. El despilfarro estructural y la ceguera frente a las advertencias de los mercados sembraron la tormenta actual. Fue una farra monumental, y la resaca será dolorosa y prolongada.
Esa resaca no se sufre en los despachos de los ministerios, sino en la calle. Venimos de meses asfixiantes, con bloqueos y tensiones que dejaron a la sociedad exhausta. Pero el verdadero drama se vive en el bolsillo. La falta de dólares dejó de ser problema de grandes importadores para convertirse en la pesadilla ciudadana. Se siente con crudeza en el precio del repuesto mecánico, en la medicina que es inalcanzable, en el alquiler y en las compras de mercado. El esfuerzo de la familia boliviana para sostener su economía frente a ingresos que pierden valor cada día es titánico. Es la factura de la irresponsabilidad del pasado: un encarecimiento cruel y silencioso de la vida cotidiana.
El gobierno actual recibió una bomba de tiempo. Gestionar la escasez y el vaciamiento de reservas de gas es una tarea de relojería fina frente a la volatilidad global. El Estado intenta sostener la macroeconomía y los subsidios, un esfuerzo técnico que no siempre se dimensiona. Sin embargo, la herencia recibida no puede operar como excusa eterna. Aunque esta administración no causó el fin del modelo rentista, tiene la responsabilidad de administrar el impacto. Cuando el Estado ya no puede inyectar liquidez, está obligado a aplicar medidas que actúen como un torniquete.
Frente a esta coyuntura, la respuesta estatal necesita traducirse en una política económica ágil que oxigene de manera directa al ciudadano y al emprendedor local. Si el Estado carece de los excedentes del gas para sostener la demanda interna, su mejor herramienta es aflojar la soga fiscal y arancelaria. Hablamos de medidas palpables: flexibilizar de forma temporal el régimen tributario que ahoga al pequeño contribuyente, reducir a cero los aranceles para la importación de insumos médicos y repuestos básicos, y reorientar el crédito al salvataje real del sector productivo. Ya no estamos en tiempos de sostener mega obras de dudosa rentabilidad diseñadas para la foto política del fin de semana. Hoy, cada boliviano que invierte el Estado debe tener impacto inmediato en la contención de los precios y en la protección del empleo formal. La empatía económica en época de vacas flacas significa entender que, si no puedes dar certidumbre financiera a la gente, al menos debes dejar de exprimirla impositivamente para no empujar el comercio formal hacia una informalidad sin retorno.
Cambiar nuestra matriz productiva tomará años. Mientras tanto, necesitamos un pacto de honestidad y pragmatismo estatal. No podemos seguir añorando la época dorada del gas ni esperar soluciones milagrosas a un déficit estructural. El reto no es prometer espejismos de recuperación rápida, sino usar la política económica para construir un escudo ciudadano. La transición ya nos golpeó la puerta. Nos toca asumirla con crudeza, exigiendo que los errores pasados no se repitan y que la carga de este reacomodo no la pague únicamente el ciudadano que empuja el país a diario.
El autor es abogado.